La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados fiscaliza la Ley de Tránsito
Como parte de los encuentros de una comisión de diputados y funcionarios ligados a la materia del tránsito en el país, las autoridades anunciaron que buscan articular varias estrategias para reducir la cantidad de motores que entran a la República Dominicana y así disminuir los accidentes en todo el territorio.
Así lo plantearon funcionarios del Instituto Nacional de Tránsito Transporte Terrestre (Intrant) y de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) tras reunirse con la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, que desde hace meses encabeza jornadas de trabajo para fiscalizar la Ley 63-17, sobre Tránsito Terrestre.
El diputado Juan Dionicio Restituyo, presidente de la comisión, informó este jueves que el parque vehicular del país incluye alrededor de 3.8 millones de motocicletas, una cantidad que consideró como "exagerada" y que detalló que no se reduce por la desorganización en la entrada y registro de motores al territorio.
"Ahí debatimos sobre posibles mecanismos que tenemos que utilizar en el país a través de una serie de gestiones para reducir la cantidad de motocicletas", sostuvo el legislador que preside la comisión fiscalizadora.
En ese sentido, el congresista puntualizó que actualmente existe una mafia en la entrada de motores al país que inicia desde el ensamblaje de las motocicletas hasta la colocación de las placas y matrículas, que actualmente es un "proceso deficiente" en el que el Estado debe enfocarse.
Otro aspecto que se trató en la reunión de la Cámara de Diputados es la aplicación de seguros de vida a los motoristas ya que, como se explicó en el encuentro, los accidentes provocados por motores constituyen el 70% de los atropellos en las vías públicas.
Al ahondar en el tópico, las autoridades del Intrant y de la Digesett apuntaron que los motores, como medio de transporte de pasajeros, movilizan alrededor de siete millones de personas sólo en el Gran Santo Domingo, lo que evidencia que un 30% de los motores que se mueven en el país se usan como medio de transporte.
"Entonces, todos los otros son para usos particulares o de negocios, lo que evidencia que aún son muchos motores en el país", aseguró el diputado.
Seguro para el Estado y discapacitados
En las reuniones para fiscalizar la Ley 63-17 también se ha debatido sobre la posibilidad de crear un seguro para el Estado ya que, de acuerdo con el legislador, el Gobierno invierte más de 200,000 millones de pesos en gastos de salud tras los accidentes de tránsito, que también provocan daños a estructuras públicas como puentes o asfaltados sin ser atendidos de inmediato.
También, se propuso que en una posible modificación a la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre se incluya más cuidado para las víctimas de accidentes de tránsito que quedan discapacitados sin la debida atención del Estado.
Más reuniones
Las reuniones para continuar la revisión y fiscalización de la Ley 63-17 continuarán cuando pase el actual proceso electoral para que así la campaña ni los comicios contaminen el estudio de la Ley y para que así todos los funcionarios puedan asistir a los análisis sin interrupciones.
