El contralor general Félix Antonio García advirtió ayer que los funcionarios que no presenten su declaración jurada de bienes en el plazo establecido por la ley, serán sancionados con la retención de su salario e, incluso, pueden ser “pasibles” de destitución.
Recordó que la ley aplica tanto para los nuevos funcionarios electos o designados, así como también para los salientes de los cargos que ocupaban en la administración pública.
Informó que desde la Contraloría General de la República le están dando seguimiento a los funcionarios que por ley están obligados a presentar su declaración jurada a partir del próximo 16 de agosto. Recordó que tendrán treinta días para hacerlo.
La Ley número 311-14 que instituye el sistema de Declaraciones juradas de Patrimonio de los funcionarios y servidores públicos, aplica para el presidente y el vicepresidente de la República, así como también para los senadores, diputados y secretarios administrativos de ambas cámaras legislativas.
También se incluye a los jueces de las tres altas cortes (Suprema Corte de Justicia, Tribunal Constitucional y Tribunal Superior Electoral), de los tribunales administrativos y los demás jueces de orden judicial.
Otros funcionarios que están obligados a prestar las declaraciones son los ministros y viceministros; los gobernadores y vicegobernadores; miembros de la Cámara de Cuentas, Junta Central Electoral, Contraloría; administradores y gerentes de bancos estatales, y otros.
