Conocida por su pasado como jueza inexpugnable, la Procuradora General de la República Miriam Germán (PGR) Miriam Germán, y su equipo en el Ministerio Publico, han asumido casos de corrupción sin precedentes en la democracia dominicana del siglo XXI y, juntos, han recurrido a los preceptos legales vigentes para avanzar y el reducir tiempo en los procesos de los casos judicializados. Por los resultados extraordinarios anunciados -si se parte de los montos en millones y miles de pesos que alegan se han recuperado- la justicia dominicana sienta con ella un precedente y también pone de manifiesto una gallardía de mujeres y hombres integrados al organigrama de la PGR nunca vista. Los acuerdos y criterio de oportunidad alcanzados son los menos, pero también los que han exacerbado a acusados y sus defensores. Tocar el bolsillo (la fortuna) de un acusado, se dice en los corrillos populares, duele más que una condena.
El "Repositorio de casos de criminalidad organizada", puesto en línea la semana pasada, en la página web de la Procuraduría General de la República, reúne las acusaciones en curso y las negociaciones en proceso con acusados.
Las dimensiones económicas muestran cifras astronómicas, sin precedentes, y el inventario no deja de sorprender. Las consultas, de mayor a menor monto de las entregas alcanzadas precisan de conocimientos matemáticos para tener una idea de sus dimensiones:
Hasta ahora, la cronología publicada de los recursos entregados por personas muy conocidas y otras apenas llevadas a la palestra publica por publicaciones oficiales y textos periodísticos, permiten elaborar un resumen, con la salvedad, de que todos los acuerdos y criterios de oportunidad presentados a los jueces, deberán ser aprobados por el magistrado a cargo de cada caso. Además de que las devoluciones de dinero en efectivo implican, de parte de los acusadores, las solicitudes antes los jueces de suspensiones de reclusión (años de prisión suspendida). En muchos casos presentaciones periódicas ante un juez y, en los casos de empresas, el pago de multas y la anulación de los registros mercantiles y entrega al Estado de las acciones de estas.
Los acuerdos que implican entregas de recursos millonarios en efectivo, por considerarlos ganancias obtenidas de forma ilícita, ha encontrado una resistencia de varios de los implicados en los principales casos de corrupción, con pronunciamientos a través de sus abogados, quienes atribuyen ilegalidad a los acuerdos, aunque en realidad la jurisprudencia muestra que el resultado implica la reducción cuantiosa de fortunas.
Los casos
En el repositorio se registran los casos Operación Antipulpo, Operación Calamar, Operación Coral 5G, Operación Falcón, Operación FM, Operación Larva, Operación Medusa, Operación 13 y Operación Discovery.
De estos, se consignan acuerdos, criterios de oportunidad y Resolución Penal Abreviado, según el repositorio en: Caso Antipulpo (4 acuerdos), Operación Calamar (7 criterios de oportunidad), Operación Coral 5G (3, un acuerdo, una resolución penal abreviado y una resolución de Criterio de Oportunidad), Operación Calamar (20 acuerdos).
Sobre los demás casos, solo se publican las acusaciones.
La relevancia de la publicación para la sociedad dominicana y organismos nacionales e internacionales, sobre todo, interesados en los temas de corrupción, es que permite constatar los amparos legales bajo los que han actuado las autoridades y, más aún, la magnitud de las supuestas ilegalidades en que han incurrido los acusados.
Los imputados de la Operación Calamar
Con los acuerdos de oportunidad a los que arribó la Procuraduría Especializada de Corrupción Administrativa (Pepca) con siete de los implicados en el caso de corrupción denominado Calamar, estos devolverán al Estado dominicano más de 2,400 millones de pesos en efectivo y bienes inmuebles
"El Ministerio Público procede a aplicar un criterio de oportunidad, de conformidad con las disposiciones del artículo 370.6, en beneficio del procesado Fernando Crisóstomo Herrera, en virtud de que el procesado ha mostrado arrepentimiento en su participación en la comisión de los hechos, que, a pesar de ser acciones tipificadas, antijurídicas y culpable, en el juicio de valor del Ministerio Público, razonablemente entiende como justo en su facultad persecutora con la adquisición de los querellantes y actores civiles", dice el criterio de oportunidad.
La persona que más dinero devolverá al Estado dominicano es Crisóstomo Herrera, con la entrega de 1,101,770,078.50 de pesos pagaderos en la modalidad de efectivo mediante cheques certificados la suma más alta implicada en los acuerdos, según las publicaciones de las autoridades, más bienes inmuebles
Ramón Emilio Jiménez Collie devolverá 715 millones de pesos, pagaderos mediante modalidad de efectivos y bienes inmuebles que el Ministerio Público de manera expresa acepte como satisfactorio para los fines de decomiso.
"El procesado deberá testificar con respecto a la información que conoce y a los involucrados que componen la asociación de malhechores que se dedica a este tipo de actividades en perjuicio del Estado dominicano, ya que se ha tomado como punto de partida para llegar al presente acuerdo en beneficio del mismo, su arrepentimiento y su intención de cooperar para someter a los demás responsables", dice el Ministerio Público.
José Ureña, conforme con la que estipula el criterio de oportunidad, acordó junto a su defensa técnica que de manera voluntaria le fueran decomisados 500 millones de pesos, también pagaderos mediante cheques en efectivo a nombre de la PGR, bienes inmuebles u otro bien que sea satisfactorio para los fines perseguidos por el MP, y a cambio deberá testificar sobre la información que conoce y a los involucrados que componen la asociación de malhechores indicados por las autoridades.
Belkis Antonia Tejeda y Natalia Cesarina Beltré devolverán dos inmuebles que según el MP adquirieron de manera ilícita y decidieron con sus abogados que fueran decomisados, a cambio del levantamiento de medida de coerción.
Baldemar Andriw Ovalle Sánchez también llegó a un acuerdo que implicó la devolución de 32 millones de pesos y Camilo Andrés Peña autorizó con sus abogados el decomiso de 1,780,000 pesos.
Aunque no figura en el repositorio, el abogado de Ángel Gilberto Lockward Mella, acusado en el caso Operación Calamar, confirmó que su cliente ha devuelto voluntariamente 220 millones de pesos, como parte del acuerdo que negoció.
Los acuerdos con los acusados en la Operación Antipulpo
Según el acuerdo presentado el exdirector Oficina Supervisora de Obras del Estado (Oisoe), Francisco Pagán entregó 25 millones de pesos a través de cheques del Banco de Reservas, pagar una multa de un millón de pesos y acordó devolver al Estado 10 millones de pesos en cinco partidas entre el 3 y el 8 de diciembre de 2021. Además, el decomiso de un apartamento en el residencial Alco Paradisso III, en el sector La Esperilla, en el Distrito Nacional y un terreno de 3,399 tareas "con sus mejoras" en el municipio de Tamayo, en Barahona.
Con Julián Estaban Suazo Suriel se acordó cinco años como pena, dos de prisión y tres suspendidos. También devolvió dos millones de pesos y un vehículo de máquina pesada valorado en tres millones. Previamente, a Suazo Suriel le fueron incautados mediante allanamiento a un inmueble una suma en dólares equivalente a 8,525,500 millones
Con Lewin Ariel Castillo, el Ministerio Público acordó solicitar tres años de prisión suspendida.
Domingo Santiago Muñoz fue favorecido con la extinción de la acción penal en su contra y entregaría en decomiso un inmueble en el condominio Fishing Lodge, en Cap Cana, Punta Cana, provincia La Altagracia.
