EL NUEVO CONVENIO CON EL PNUD FAVORECE CONCENTRAR LOS FONDOS DISPONIBLES PARA LA SEDE NACIONAL Y PARA MODERNIZAR LOS PROCESOS INTERNOS DEL DEFENSOR DEL PUEBLO
Con la modificación al convenio entre el Programa de las Naciones Unidas (PNUD) y el Defensor del Pueblo fue excluida la adquisición y equipamiento de 14 locales para oficinas regionales del órgano constitucional, que formaban parte de enmiendas realizadas al proyecto original suscrito en el 2018, por la entonces defensora Zoila Martínez Guante.
En el nuevo acuerdo, del 30 de septiembre de 2021, se priorizó la ampliación del edificio sede y la modernización de los procesos internos.
El defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, explicó a Listín Diario que los fondos que serían usados para la apertura de las oficinas regionales están asignados a otros componentes y para enfrentar el incremento de los materiales de construcción tras la pandemia, a fin de poder concluir el edificio sede, que se le añadió un tercer nivel para cubrir la demanda de espacio de la institución. Sostuvo que en la actualidad, atendiendo a una visión más amplia de lo pactado en el convenio, se decidió dar continuidad al fortalecimiento de su infraestructura, ampliando su alcance con un enfoque hacia el fortalecimiento de sus capacidades operativas
“El Defensor del Pueblo en la actual gestión asume el principio de continuidad del Estado al seguir con el convenio establecido con el PNUD por la exdefensora del Pueblo (2013-2021), doña Zoila Martínez Guante”, enfatizó Ulloa.
Precisó que esa decisión está contemplada en la extensión del convenio firmado en el 2021 por el Defensor del Pueblo y el PNUD. Acotó que desde el 2013 la institución trabaja con esta entidad internacional.
Oficinas regionales
Las oficinas regionales del Defensor del Pueblo fueron incluidas en dos enmiendas realizadas al contrato original, que ascendió a US$3,612,047.
Una primera modificación del proyecto, del 14 de diciembre de 2018, procuraba dotar al Defensor del Pueblo de infraestructuras físicas en 7 provincias. Contempló la adquisición de locales, adecuación y equipamiento de oficinas en Puerto Plata, La Romana, Barahona, Monte Plata, Hato Mayor, Sánchez Ramírez y Montecristi, lo cual implicó la erogación de US$1,391,040
En una segunda enmienda, del 20 de marzo de 2019, se incorporaron otras 7 provincias, Peravia, San Cristóbal, San Juan de la Maguana, San Francisco de Macorís, Higüey, Samaná y Espaillat, con lo cual también fue aumentado el presupuesto original en US$1,200,000.
Todas las enmiendas aumentaron el costo del proyecto, pues en la más reciente, del 2021, conllevó el desembolso al PNUD de otros RD$100 millones. También extendieron la fecha de conclusión.
Encuentro
Autoridades del PNUD y del Defensor del Pueblo se reunieron el pasado martes y se comprometieron a retomar los trabajos de construcción de la sede del Defensor del Pueblo, que estaban paralizados, según se explicó, por incrementos de costo y cambios en la estructura física para poder cumplir con la demanda del nuevo titular.
