Presidente de la AIRD pide no apresurar la legislación; Brache Álvarez dice apoya la iniciativa tal como está
El proyecto de ley sobre juicios de extinción de dominio para el decomiso civil de bienes ilícitos que cursa en el Senado y cuyo informe fue rendido en la sesión del pasado miércoles, sigue dando de qué hablar.
Se refirieron a la controversial pieza el día de ayer Miriam Germán, procuradora general de la República; Celso Juan Marranzini, presidente de la Asociación de Industria de la República Dominicana (AIRD); Julio Brache Arzeno, presidente del Grupo Rica. Entre otros. Tanto la funcionaria como los empresarios dieron su parecer entorno a la legislación.
La magistrada llamó a evitar que la ley de extinción de dominio pueda ser utilizada para la extorsión y llamó a que la pieza sea conocida con mucho cuidado para que no afecte la preservación de los derechos.
Advirtió que aunque se apruebe la normativa de ley, no podrá ser aplicada de inmediato debido a que vendrán aproximadamente mil recursos ante el Tribunal Constitucional. “La ley de extinción de dominio tiene cosas muy positivas, pero hay que cuidarse, de que cuando se ponga en práctica, evitar atropellos y de que tal o cual organismo se dedique a la extorsión”, expuso Germán.
Al dictar la conferencia “Persecución de la criminalidad y la corrupción administrativa pública para favorecer la seguridad jurídica”, propiciada por la Cámara Americana de Comercio, recordó que en casos de corrupción, se ha visto en qué organismos que persiguen tal o cual acción cometen atropellos o extorsión. Fue en ese sentido que externó hay que cuidar puntos en dicha ley, como la preservación de los derechos.
Impacto en seguridad jurídica
Miriam Germán dijo que la seguridad jurídica tiene un impacto que permite enfrentar la lucha contra la corrupción y favorece un clima que propicie la libre empresa y la inversión extranjera. Aseguró que en su gestión hay un principio de legalidad, actuando con transparencia y coherencia en la administración de las normas penales.
“El reto que tiene este Ministerio Público es procurar justicia a derecho, consciente de los reclamos de las sociedades, pero sin dejarse arrastrar por las arbitrariedades o el abuso de poder”, expresa Germán.
También señaló que espera llegue el momento en la justicia no tengan ningún tipo de intromisión. Cuestionó, además, que sean amañados concursos, por lo que cree que las contrataciones públicas deben ir acompañadas por investigaciones serias.
Al ser preguntada sobre el cambio de funciones al pasar de jueza a representante del Ministerio Público, la procuradora dijo que ni en uno ni en el otro caso comulga, ni con el abuso ni con el maltrato, y que no se debe afectar ni la libertad ni el honor de una persona. Lamentó también que se busquen soluciones populistas o a través de las redes sociales.
De su lado, Roberto Herrera, presidente de la Cámara Americana de Comercio, pidió que el proyecto de ley extinción de dominio respete el clima de derecho y la seguridad jurídica. En ese sentido, destacó la importancia de la seguridad jurídica y el combate de la lucha contra la corrupción. Asimismo, dijo que si se quiere atraer inversiones que creen empleos formales, se debe dar confianza a socios y aliados.
De su lado, Ricardo de la Rocha, director del comité provincial de AMCHAMDR en Santiago, dijo que como entidad buscan propiciar un clima de negocios favorable para el comercio y las inversiones sostenibles en el país. Sin embargo, refirió que ningún país que no cuente con un sistema eficiente de justicia, responsable y que establezca e implemente políticas contra la criminalidad, puede decirse que es un país en el que se quiera invertir o hacer negocios, no puede llamarse un Estado de derecho.
De la Rocha dijo que el aumento de la criminalidad y la ausencia de un Estado de derecho elevan la inestabilidad social, disminuyen la eficacia de la seguridad jurídica y distraen el gasto público y el privado, haciendo que se enfoque en actividades no productivas y advirtió que como consecuencia, esto reduce la actividad económica y afecta así a toda la sociedad.
Al encuentro asistieron los empresarios Félix García, Ricardo Fondeur, Fernando Capellán, entre otros.
Presidente de la AIRD pide no apresurar ley extinción de dominio
El presidente de la Asociación de Industria de la República Dominicana (AIRD), Celso Juan Marranzini, pidió a los legisladores no apresurarse con la aprobación del proyecto de ley sobre juicios de extinción de dominio. El empresario apeló a que haya un consenso y se logre la pieza que necesita el país “sin necesidad de apresurarse”.
“Esto es una discusión que ha pasado en otros países y se ha tomado su tiempo, y vemos que algunos han sido exitosos y otros no. Nosotros siempre debemos tratar de ser exitosos”, argumentó.
Dijo que a la legislación hay que darle el tiempo que requiera, pero que se logre el objetivo deseado. “Hay que buscar el balance, y eso se logra siempre con las discusiones”, subrayó.
En otro sentido, indicó que el enfoque de la iniciativa no debe orientarse en si se debe aplicar al sector empresarial o no. Por lo que explicó que en todos los países donde hay una ley de extinción de dominio siempre ha existido esa misma discusión. Se refirió a los comentarios de legisladores de la oposición, quienes alegan que la pieza deja fuera a los empresarios, al no incluir la elusión fiscal.
“Es una ley que trata precisamente de poder expropiar propiedades y para eso, hay que tener los mecanismos que sean los que logren esos fines: propiedades que vengan de actos de terrorismo, de actos de narcotráficos y actos de corrupción”, expuso.
El titular de la AIRD recordó que en el país existen leyes contra el lavado de activos y para atacar la corrupción o la evasión fiscal, las cuales, a su juicio, son suficientes para ello. En ese orden, consideró que la ley de extinción de dominio debe ser una herramienta adicional, pero no para que “ahuyente inversiones o signifique un retroceso para el país”.
Ley inclusiva
Julio Brache Álvarez, presidente del Grupo Rica, tras indicar que apoya el proyecto de ley de extinción de dominio como como fue aprobado por la comisión bicameral, vio bien que deba incluir a todos los sectores, ya que de lo contrario la iniciativa sería discriminatoria y violatoria a la Carta Magna. Cuando se le preguntó si no se opone a la inclusión de elusión fiscal, dijo que la ley es para todos, por lo cual no tiene objeción “con ningún tema que implique una discriminación hacia ciertos sectores”.
Objetivo de la ley de extinción de dominio
El proyecto de ley sobre juicios de extinción de dominio, tiene el objetivo de establecer el marco legal para la regulación de la extinción de dominio de bienes ilícitos, definir las consecuencias y facultades de las autoridades responsables de su aplicación, reconocer los derechos y garantías de los intervinientes, sentar los principios fundamentales para el funcionamiento del sistema de administración de los bienes decomisados; así como el procedimiento requerido para su declaración judicial a favor del Estado dominicano. La iniciativa legislativa será conocida en la próxima semana en la sesión ordinaria del Senado, a petición de Pedro Catrain, presidente de la comisión.
