La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia se casó con una decisión de la segunda sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago que ratificó un Auto de no ha lugar del Cuarto Juzgado de la Instrucción de Santiago en materia de violencia. de género, dictando Auto de apertura a juicio. Así lo consagra la sentencia No. SCJ-SS-24-1011, de fecha 30 de agosto de 2024, que casa la sentencia No. 972-2022-SRES-00166, de fecha 31 de agosto de 2022.
Esta es la tercera decisión que dicta la Suprema Corte de Justicia revocando un doble auto de no ha lugar, acogiendo los medios de casación presentados por el titular de la Procuraduría Regional de Santiago, Juan Carlos Bircann Sánchez, respecto al principio de libertad probatoria consagrado en el art. 170 del Código Procesal Penal, con lo que se consolida un importante precedente jurisprudencial en esta materia.
Estas tres decisiones casan sentencias dictadas por la segunda sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santiago. Dos de ellas en materia de violencia de género y una en materia de porte ilegal de arma de fuego.
Las anteriores corresponden a la casación de la sentencia No. 972-2022-SRES-00166, de fecha 31 de agosto de 2022 y de la sentencia No. 972-2023-SRES-00178, de fecha 6 de diciembre de 2023. Los fallos de la Suprema Corte de Justicia están contenidos en las sentencias SCJ-SS-23-0751 y SCJ-SS-24-0884, de fecha 30 de junio de 2023 y 31 de julio de 2024, respectivamente.
Contrario a lo externo por las jurisdicciones de la instrucción y de segundo grado, la sede casacional demostró que en cada uno de estos procesos la acusación presentada por el Ministerio Público estuvo revestida de fundamentos para justificar la probabilidad de una condena al estar sustentadas en pruebas revestidas. de legalidad, pertinencia y relevancia para el proceso, resultando útiles y relevantes, conforme al Art. 294 del Código Procesal Penal.
Con este precedente judicial, junto a otros obtenidos por la vía casacional el Ministerio Público de Santiago contribuye al fortalecimiento de la política de persecución penal y la seguridad jurídica en la gestión de casos.
