Mediante una nota remitió al cuerpo diplomático acreditado en el país el documento titulado “Posición dominicana sobre asuntos esenciales de las relaciones con Haití incluyendo la migración”.
El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) comunicó que, ante las acusaciones de las autoridades haitianas sobre las repatriaciones de inmigrantes con estatus migratorio irregular y el supuesto racismo de Estado, el Gobierno dominicano reiteró su rechazo a estas afirmaciones ante la comunidad internacional.
Asimismo, el Mirex aseguró que en el país no existe ninguna política de Estado para discriminar, promover la xenofobia, ni mucho menos maltratar a personas de ninguna nacionalidad.
El ministerio afirmó que el Gobierno dominicano está comprometido con priorizar la promoción y protección de los derechos humanos, tanto a nivel nacional como internacional y, por ello, toma con gran seriedad cualquier denuncia relacionada con estos temas.
“El Gobierno haitiano y la comunidad internacional saben muy bien sobre el esfuerzo que hemos desplegado para que Haití recupere su normalidad. También saben cuál es el impacto que produce el crecimiento descontrolado de las migraciones sobre la economía y la estabilidad de un país. Pero hasta el momento no hemos recibido ninguna muestra de interés de esos dos sectores para respaldar a República Dominicana en sus esfuerzos para alcanzar una mejor gobernanza migratoria. No obstante, nosotros sí sabemos lo que tenemos que hacer para garantizar nuestra estabilidad”, resaltó en el documento.
La Cancillería dominicana planteó además que el flujo migratorio desde Haití hacia República Dominicana data desde la década de los 80 y continuó incrementándose en los años siguientes, lo que llevó a que en 1999 ambos gobiernos suscribieran el Protocolo de Entendimiento sobre los Mecanismos de Repatriación entre República Dominicana y la República de Haití.
El Mirex recordó que en dicho convenio el Gobierno haitiano reconoció que el Gobierno dominicano tiene legítimo derecho a repatriar a los ciudadanos haitianos indocumentados en el territorio dominicano y, en consecuencia, se comprometió a “establecer puestos de control migratorio a lo largo de la frontera domínico-haitiana, para evitar el flujo ilegal de sus ciudadanos hacia la República Dominicana”, y a “redoblar sus esfuerzos para dotar a sus nacionales de documentos de identidad haitiana, en el contexto del flujo migratorio potencial hacia la República Dominicana”.
“Desde la llegada al Gobierno del presidente Luis Abinader, se decidió implementar una política de Buena Vecindad hacia Haití sustentada en tres ejes esenciales: el diálogo, el respeto mutuo y la solidaridad entre los dos Estados y, por ello, una de las primeras medidas tomadas fue acercarse al Gobierno haitiano. Esto condujo a que el 10 de enero de 2021, el presidente se reuniera en la frontera con su homólogo, Jovenel Moïse, y que juntos ofrecieran una declaración de nueve puntos que instituyó un verdadero programa de colaboración”, indica la nota diplomática remitida. También agregó que la agenda acordada por ambos mandatarios se vio truncada con el asesinato de Moïse en julio de 2021, hecho que además marcó un deterioro de la seguridad e institucionalidad en ese país.
El Ministerio de Relaciones Exteriores aseveró en este documento que la inmigración irregular implica para el Gobierno dominicano una presión económica insostenible en los servicios públicos que se ofrecen gratuitamente, como la salud y la educación.
“Resulta lamentable que en lugar de fortalecer los esfuerzos por enfrentar la crisis haitiana para que cesen las causas endógenas de la emigración desde ese país, las autoridades haitianas se concentren en acosar y denunciar las acciones del Gobierno dominicano en aplicación de su marco regulatorio, las cuales han sido reconocidas como legítimas por el propio Estado haitiano”, añadió el Mirex.
