Santo Domingo. – Este año 2024, la República Dominicana estuvo marcado por un incremento en los casos judiciales de alto impacto, evidenciando desafíos para el sistema de justicia del país. Casos de corrupción, violencia de género y estafas, acapararon la atención pública y reavivaron debates sobre la necesidad de reformas estructurales.
Uno de los hechos que conmocionó a la sociedad fue la tragedia protagonizada por Ana Josefa García Cuello, una médico militar acusada de decapitar a su hija, en el residencial La Razón I, Santo Domingo Este. Este crimen puso en evidencia la necesidad de mejorar los mecanismos de prevención de violencia intrafamiliar y el acceso a tratamientos psicológicos. García cumple un año de prisión preventiva en Najayo Mujeres.
Otra tragedia fue la muerte de Yennely Andreina Duarte Hidalgo, una joven de 18 años, encontrada con múltiples heridas de arma blanca en Cotuí. El asesinato fue cometido por Ammy Hiraldo Peña, de 21 años de edad, quien se confesó autora del crimen por motivos pasionales.
Contra Hiraldo Peña, un tribunal dictó tres meses de prisión preventiva, que cumple en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres, de Santiago.
Ana Karina Ramos está viva para contarlo. Esta joven madre sobrevivió luego de ser abandonada en una cañada en Pedro Brand con un disparo de escopeta y múltiples heridas de arma blanca. Este caso evidenció la vulnerabilidad de las trabajadoras sexuales y la violencia extrema. Su agresor, Eduardo Antonio Guerra García, cumple medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación La Victoria.
También, el homicidio de Kylie Naomi Rosa Alcántara, de 9 años, durante un asalto en La Zurza, estremeció al país, poniendo en tela de juicio la inseguridad en sectores vulnerables. Los responsables fueron Josué Alberto Mendoza, alias Nano; Marcus Anthony Sánchez (Ramirito), y Luis Sander Muñoz Manzueta, contra quienes un tribunal dictó, el pasado mes de noviembre, 30 y 20 años de prisión, respectivamente.
El asesinato de Yenny Carolina Pérez, quien fue descuartizada por Michael Saba en Piantini, también encendió las alarmas sobre crímenes de alto perfil y la falta de control en edificios residenciales. Contra Saba se dictó un año de prisión preventiva y el Quinto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional fijó para el próximo 20 de febrero del 2025 el conocimiento de la solicitud de apertura a juicio.
La muerte de Joshua Omar Fernández, durante un asalto en abril de 2023, volvió a acaparar la atención pública, por la condena de sus responsables, Alison de Jesús Pérez Mejía (Chiquito), Luis Brito Troncoso (Luisito) y el influencer Wesly Vincent Carmona, alias “El Dotolcito”, quienes fueron sentenciados a 30, 20 y 15 años de prisión respectivamente.
En Santiago, el desenlace judicial sobre la muerte de un niño de 11 años, a manos del agente policial Alejandro Castro Cruz, puso en tela de juicio la actuación de las fuerzas del orden y la importancia de mejorar su formación. El Primer Tribunal Colegiado condenó al expolicía a 15 años de prisión por el homicidio voluntario del adolescente, en medio de la celebración del carnaval de Santiago, el 12 de febrero del año 2023.
Otra escena espantosa fue el hallazgo del cadáver de la joven Paula Santana Escalante en la empresa de zona franca donde trabajaba. Este caso desató un proceso judicial que, a pesar de los avances, aún no ha identificado a los responsables de su muerte.
Paula fue encontrada sin vida en la alcantarilla del lugar donde trabajaba, en circunstancias que generaron más preguntas que respuestas. El suceso, que ocurrió hace un año, se convirtió en uno de los casos criminales más mediáticos debido a la complejidad de las investigaciones y el impacto emocional que causó en la sociedad.
Por último, los temas de violencia infantil, como el ataque de Lourdes Penélope Pérez, quien cortó con un cuchillo el cuero cabelludo a su hija en Sosúa, destacaron la importancia de políticas públicas que protejan a los menores de entornos violentos.
Por su parte, Elizabeth Silverio finalmente fue condenada a siete años de prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres. Luego de una investigación periodística de Nueria iera, a la mujer se le acusó de ejercer ilegalmente la medicina utilizando documentos falsos en el Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, donde se atendían niños con condiciones especiales.
Otro que continuó siendo noticia fue Wilkin García Peguero, conocido como “Mantequilla”, quien estafó a varias personas a través de su empresa 3.14 Inversiones, así como Emmanuel Rivera Ledesma, acusado de estafar a través de proyectos inmobiliarios inexistentes. Ambos juicios visibilizaron la necesidad de regulación más estricta contra estafas masivas.
La corrupción también continuó siendo un capítulo central en 2024. El caso Camaleón involucró figuras como Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y Jochi Gómez, propietario de la empresa Transcore Latam, acusados de dirigir un esquema fraudulento de adjudicación de contratos millonarios para instalar la red semafórica del Gran Santo Domingo.
