Eran las nueve de la mañana en el Palacio de Justicia de Santo Domingo Este. A la parte trasera, ubicación de los parqueos, arribó un minibús procedente de la cárcel del distrito municipal San Luis con diez imputados que compartían las esposas en pares y custodiados por tres agentes penitenciarios.
Las medidas de seguridad lucen deficientes a la primera impresión, vista la limitada cantidad de uniformados y que los privados de libertad parecerían conducirse por sí mismos a la sala de audiencias donde verían adelantar sus respectivos casos.
Esta operación de traslado a tribunales es otro agregado a las deficiencias del sistema judicial dominicano, criticado ante el uso de la prisión preventiva como regla, en lugar de excepción, así como la sobrepoblación carcelaria y la falta de condiciones de los juzgados.
La ropa desteñida, en vez de vestimenta establecida para reclusos, es también identificativo de los trasladados. En contraposición a lo asumido en los casos sonoros, cuyos implicados portan cascos y chalecos de seguridad, haciendo las condiciones desiguales entre “grandes” y “pequeños”.
Mientras que los vinculados en la Operación Panthera 7, que persigue a los responsables de las 9.8 toneladas de cocaína decomisada en Puerto Caucedo en diciembre pasado, son movilizados con anillos de seguridad a las salas de audiencias, la generalidad espera a duras penas y luego débilmente escoltados a la respectiva instancia.
Esta edificación, en la avenida Charles de Gaulle, está copada de condiciones tétricas. Las escaleras son estrechas y no soportan la cantidad de quienes visitan, en tanto que en los pasillos quedan familiares y abogados parados a falta de bancos donde aguardar por el llamado del alguacil.
Los baños terminan con un hedor inevitable ante la particularidad de ser unipersonales, por lo cual se debe permanecer frente a la puerta para que se desocupe, formando filas bajo desesperación que lleva a ignorar las señales de “hombre” y “mujer”, con todo mundo utilizando el desocupado.
La espera de un nuevo palacio
En la avenida Sabana Larga, entre el ensanche Ozama y Los Minas, se localiza la obra en construcción que responderá al Palacio de Justicia de Santo Domingo Este, que albergará instancias del Poder Judicial y del Ministerio Público.
En una nota de prensa fijada con fecha 26 de junio de 2024, la página web de la Presidencia reseñó que la construcción estaba avanzada “en más de un 85%”, ampliando en detalles con la precisión que sería inaugurada por el mandatario Luis Abinader a fines del año pasado.
Eso, que en retrospectiva no ocurrió, mantiene una inversión que supera los 4,000 millones de pesos sin ver la luz, empezando a notarse la tardanza de una edificación que urge pasar a la utilización.
Sin embargo, una visita de reporteros a la obra permitió constatar la presencia de obreros y maquinaria pesada en el lugar.
Lo propio con cristales instalados y logotipos estampados, aunque restaría por los levantamientos que permitan concretar espacios como parqueo, aceras y entradas.
El referido artículo de Palacio continuaba con que la edificación, de cuatro niveles, tendrá 24 salas de audiencia, incluidas las áreas civil, penal y laboral de la provincia Santo Domingo.
También que el gobierno de Abinader, al asumir en agosto de 2020, encontró en un 20% de ejecución los trabajos de construcción.
La obra tiene un área de construcción de más de 32,000 metros cuadrados y consta de dos edificaciones: una que albergará al Ministerio Público y otra donde estará la Defensoría Pública.
