El abogado César Amadeo Peralta llamó al Congreso a aprobar el nuevo Código Penal, que contempla penas de hasta 20 años de prisión para este tipo de delitos, ya que actualmente la estafa solo está penada con hasta dos años de prisión en la legislación vigente.
Cuando aún está en curso el caso de la estafa protagonizada por el ingeniero Emmanuel Rivera Ledesma, surge una nueva, esta vez efectuada por una red que defraudó con millones de pesos a más de 120 víctimas, dominicanos y extranjeros.
La estafa se llevó a cabo a través de la empresa Novasco Real, desmantelada en el denominado "Caso Guepardo".
Este nuevo caso resalta el creciente problema de las estafas inmobiliarias en República Dominicana, que afectan a numerosos ciudadanos que buscan invertir en el sector o adquirir una vivienda propia.
Estas estafas, a menudo bien orquestadas, pueden tener consecuencias devastadoras para las víctimas, quienes pierden grandes sumas de dinero y ven sus sueños de tener una propiedad desvanecerse.
En relación al caso de Novasco Real, el ministerio público solicitó prisión preventiva en contra de Marisol Nova Nolasco y Rocío del Alba Rodríguez de Moya, dos de las líderes de la estructura, ante el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Romana, por estafa electrónica y lavado de activos.
Nova Nolasco es socia de la empresa fachada Novasco Real Estate SRL, que simuló ser una constructora de alta experiencia y calidad en sus proyectos para estafar a las personas.
Rodríguez de Moya se encargó de publicitar los proyectos "Romana Victoriana Residences" y "La Altagracia Victoriana Residences", que, según la investigación, resultaron ser proyectos fantasmas. Además, captó clientes a través de la reconocida multinacional RE/MAX, para dar credibilidad y confianza a la estafa.
Las autoridades han activado la búsqueda de los prófugos Yves Alexandre Giroux y Loany Lismeiry Ortiz Nova, quienes huyeron tras ser señalados como responsables de la estafa inmobiliaria.
Durante once allanamientos simultáneos, las autoridades incautaron propiedades, vehículos de alta gama, dispositivos electrónicos, maquetas y documentación relacionada con las operaciones de la red delictiva que, según la fiscalía, se dedicaba a la estafa electrónica y lavado de activos, afectando a cientos de víctimas y obteniendo beneficios por más de 18 millones de dólares.
Según la fiscalía, para cometer el ilícito, la estructura creó la empresa Novasco Real Estate, SRL, y posteriormente adquirió la franquicia de RE/MAX con el objetivo de captar clientes.
La denuncia indica que Rodríguez de Moya organizaba reuniones virtuales semanales para presentar el diseño del proyecto y un "Máster Plan" que incluía 439 apartamentos y penthouses ubicados en Cumayasa, en la Carretera San Pedro-La Romana.
A principios de diciembre, el programa "Informe con Alicia Ortega" reveló que, a pesar de que Novasco Real Estate recibió pagos durante varios meses, los terrenos en Punta Cana, donde supuestamente se construirían los apartamentos, están vacíos y sin rastro de construcción.
El mismo programa realizó recientemente otro reportaje sobre la constructora Grupo Paceo, contra cuyos ejecutivos un grupo de personas se querelló, alegando que invirtieron los ahorros de toda una vida y aún están sin vivienda y viviendo una pesadilla inmobiliaria en Punta Cana.
La Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi) advirtió que este tipo de denuncias sobre estafas inmobiliarias generan incertidumbre en el mercado y afectan las ventas en el sector de la construcción de viviendas.
Endurecer penas
El abogado César Amadeo Peralta hizo un llamado al Congreso para que apruebe el nuevo Código Penal, que contempla penas de hasta 20 años de prisión para este tipo de delitos, ya que actualmente la estafa solo está penada con hasta dos años de prisión en la legislación vigente. A su juicio, el aumento de la pena contribuirá a erradicar este delito.
Recomendaciones para protegerse
El jurista recomienda una serie de medidas para protegerse de las estafas inmobiliarias.
Citó verificar la identidad del vendedor: Asegurarse de que la persona o empresa que ofrece la propiedad esté debidamente registrada y autorizada para realizar transacciones inmobiliarias.
Investigar la propiedad: Solicitar toda la documentación necesaria, como títulos de propiedad, planos y permisos de construcción.
Consultar a un abogado: Antes de firmar cualquier contrato, consultar a un abogado especializado en derecho inmobiliario.
Desconfiar de ofertas demasiado buenas: Si una oferta parece demasiado buena para ser verdad, probablemente no lo sea.
No entregar dinero por adelantado: Evitar entregar grandes sumas de dinero antes de haber firmado el contrato y verificado la propiedad.
¿Cómo operan estas estafas?
Los estafadores inmobiliarios utilizan diversas tácticas:
Propiedades inexistentes: Ofrecen propiedades que no existen o que ya han sido vendidas, presentando documentos falsos y utilizando nombres de empresas ficticias.
Precios por debajo del mercado: Atraen a los compradores con ofertas irresistibles, pero una vez que han entregado el dinero, desaparecen.
Promesas falsas: Garantizan altas rentabilidades en poco tiempo, o aseguran que la inversión está respaldada por garantías sólidas, cuando en realidad no existe tal respaldo.
Documentación falsa: Presentan contratos y documentos falsos para simular una transacción legítima.
Uso de testaferros: Utilizan personas interpuestas para ocultar su identidad y dificultar su rastreo.
Caso Ledesma
En enero de 2024, Rivera Ledesma fue arrestado y acusado de encabezar una red criminal que utilizó varias empresas para crear un esquema inmobiliario fraudulento. Más de 150 personas resultaron afectadas.
En el caso figuran como imputados el hijo de Rivera Ledesma, su hermana, una hija, su esposa, y el financiero del proyecto. Al grupo se le acusa de estafas, falsificación, asociación de malhechores y lavado de activos.
El ministerio público alega que Rivera Ledesma intentó que las víctimas no se querellaran en su contra o retiraran las querellas ya presentadas, y buscó que estas firmarán nuevos contratos para obstruir la investigación.
El caso se denunció a través del programa "N investiga" en octubre de 2023. Desde entonces, decenas de personas, especialmente residentes en el extranjero, contaron las dificultades que han atravesado desde que entregaron grandes cantidades de dinero al empresario como inicial para una vivienda.
