El gobierno anunció esa decisión un día después de que también se retirara del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, considerada una "señal alarmante de aislamiento".
El gobierno de Nicaragua anunció este viernes su retiro de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), al acusarlas de "injerencia", "falsedades" y acción "politizada" contra el país centroamericano.
"Notificamos a la OIT y la OIM la decisión soberana e irrevocable de retirarnos" de esos organismos "que no cumplen con la misión para la que fueron creados", anunció Rosario Murillo, quien cogobierna con su esposo Daniel Ortega.
El gobierno anunció esa decisión un día después de que también se retirara del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, considerada una "señal alarmante de aislamiento" por nueve países que forman un grupo que investiga la situación en Nicaragua.
"Reiteramos nuestra posición irrevocable, firme, de repudio de todos los insultos, ofensas, falsedades, agresiones, el doble rasero de la política colonialista que rige las acciones" de esos organismos, afirmó Murillo.
La copresidenta de Nicaragua, de 73 años, aseguró que la OIT ha actuado de "manera politizada, prestándose a maniobras de desestabilización e injerencismo", al evaluar quejas de empresarios y empleados sobre violaciones a derechos laborales.
Por su parte, la OIM, según el gobierno, ha publicado en su informe de 2024 sobre migración "información falsa, malintencionada e irresponsable", en la que se señala a Nicaragua como origen de miles de migrantes solicitantes de asilo.
Ortega, exguerrillero de 79 años que gobernó Nicaragua en la década de 1980 tras el triunfo de la revolución sandinista, está en el poder desde 2007 y sus críticos lo acusan de instaurar una "dictadura familiar" junto a su esposa.
Ambos han aumentado el control sobre la sociedad nicaragüense tras las protestas de 2018, que consideraron un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington y cuya represión dejó más de 300 muertos, según la ONU.
Tras las protestas, miles de nicaragüenses han salido al exilio y unos 450 críticos y opositores han sido despojados de su nacionalidad y de sus bienes tras ser acusados de "traidores a la patria".
Según el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, con mandato de la ONU, el gobierno ha reclutado a "empleados públicos" para formar una suerte de ejército de decenas de miles de encapuchados que vigilan y reprimirán a la población, como sucedió en las protestas de 2018.
