El padre de la joven, Vicente Reyes, señaló que la inexistencia de una prueba de alcoholemia practicada de manera responsable dificultó imponer una resolución que consista en privación de libertad en contra de la acusada Raquel Guzmán Torres.
El Juzgado Especial de Tránsito del Distrito Nacional impuso una medida de coerción consistente en garantía económica de dos millones de pesos e impedimento de salida en contra de Raquel Guzmán Torres, señalada de conducir el vehículo que atropelló a Aida Nicole Reyes Gómez el pasado 26 de febrero.
La colisión se produjo en la intersección de la avenida Winston Churchill con Ángel Severino Cabral, ocasionando en la estudiante, de 21 años, un trauma craneoencefálico severo con heridas en la región frontal y una herida de tres centímetros en la espalda que le causaron la muerte.
La defensa de la víctima buscaba una medida cautelar de privación de libertad que no prosperó, a razón de lo que el padre de la occisa, Vicente Reyes, planteó que debe reflexionarse el manejo de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) en la recolección de pruebas e instrumentación de los casos.
“Nosotros teníamos esperanzas, pero estamos conscientes de que los jueces, por más que quieran llevar una sanción de ejemplo, las autoridades encargadas de recolectar las pruebas y hacer su trabajo no se lo permiten. Entonces, ellos estarían impartiendo justicia de manera arbitraria”, expresó.
Asimismo, señaló que la inexistencia de una prueba de alcoholemia practicada de manera responsable dificultó dictar una resolución que consista en privación de libertad de la acusada. No obstante, reveló que esta mostró arrepentimiento en la audiencia.
“No importa la sanción que le hayan impuesto a ella (Guzmán Torres), mi hija no me la van a devolver. Uno de lo que está tratando es que se haga justicia y sacar un poco de valor para que haya un cambio en el manejo tanto de las autoridades, porque es que nos están viendo como objetos, a los ciudadanos, a los que transitamos en la calle, nos están viendo como cosas”, manifestó Reyes.
Mientras que el abogado de los querellantes, Affe Gutiérrez, apuntó que desde la presentación de la solicitud de medida pudo percatarse de que no fue sometida la agravante de consumo de alcohol, por lo que considera debió implementarse otros medios, como pruebas sanguíneas, en lugar de únicamente el alcoholímetro.
“Lamentablemente, al parecer los miembros de la Digesett aquí no tienen un protocolo a seguir”, cuestión el togado. “Y podemos ver que casi todos los casos por accidentes de tránsito donde está incluido el tema alcohol terminan quedando impunes por la misma falta de protocolo”, añadió.
