El Gobierno presentó solicitudes de emergencia ante el máximo tribunal que permitirían que se le niegue la ciudadanía a las personas nacidas en Estados Unidos después del 19 de febrero si sus padres se encuentran en el país sin autorización legal.
El Gobierno de Estados Unidos busca que la Corte Suprema federal permita algunas restricciones a la ciudadanía por nacimiento, incluso mientras continúan las disputas legales en torno a las órdenes del presidente Donald Trump para poner fin a lo que durante mucho tiempo se ha considerado como una promesa constitucional.
El Gobierno presentó el jueves solicitudes de emergencia ante el máximo tribunal que permitirían que se le niegue la ciudadanía a las personas nacidas en Estados Unidos después del 19 de febrero si sus padres se encuentran en el país sin autorización legal.
Jueces de distrito en Maryland, Massachusetts y Washington han bloqueado la orden, la cual fue firmada por Trump poco después de asumir el cargo en enero pasado. Actualmente, la medida se encuentra bloqueada a nivel nacional.
La ciudadanía por nacimiento le otorga automáticamente la ciudadanía estadounidense a cualquier persona nacida en el país, incluidos los hijos de madres que se encuentran en el país sin autorización legal. Este derecho fue consagrado en la 14ª Enmienda de la Constitución poco después de la Guerra Civil.
Trump y sus simpatizantes han argumentado que deberían existir estándares más estrictos para convertirse en ciudadano estadounidense, lo que consideró en su orden ejecutiva como “un invaluable y significativo regalo”.
Sin embargo, los expertos legales han afirmado que las protecciones constitucionales de la 14ª Enmienda hacen que su anulación sea sumamente complicada.
A continuación, un vistazo a la ciudadanía por nacimiento, lo que Trump ha dicho al respecto y las perspectivas para ponerle fin:
¿Qué ha dicho Trump sobre la ciudadanía por nacimiento?
Trump ha señalado durante años que quiere poner fin a la ciudadanía por nacimiento.
“Es ridículo. Somos el único país del mundo que hace esto con la ciudadanía por nacimiento, como saben, y es absolutamente ridículo”, dijo en enero. Docenas de países, principalmente en el continente americano cuentan con el derecho a la ciudadanía por nacimiento.
Los opositores afirman que la práctica alienta a las personas a ingresar a Estados Unidos de manera ilegal para que sus hijos puedan obtener la ciudadanía. Otros argumentan que poner fin al derecho a la ciudadanía por nacimiento significaría un profundo daño para el país.
Su eliminación “podría eventualmente colocar a todas las personas del país en la precaria posición de tener que demostrar su ciudadanía estadounidense”, escribió Alex Nowrasteh, vicepresidente de estudios de políticas económicas y sociales en el Instituto Cato, un organismo a favor de la inmigración, después de que Trump firmó su orden ejecutiva.
El Instituto de Políticas de Migración calculó que en 2019 había 5,5 millones de menores de edad que vivían con al menos uno de sus padres que se encontraba sin permiso legal en el país, una cifra que representa alrededor del 7% de la población infantil de Estados Unidos. La gran mayoría de esos niños eran ciudadanos estadounidenses.
¿Qué dice la ley?
El Congreso ratificó la 14ª Enmienda en julio de 1868, poco después de la Guerra Civil.
"Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sometidas a su jurisdicción son ciudadanos de los Estados Unidos”, dice la enmienda.
Pero no siempre se aplicó para todos. No fue hasta 1924, por ejemplo, que el Congreso otorgó la ciudadanía a todos los amerindios nacidos en Estados Unidos.
Los partidarios de las restricciones migratorias, incluido Trump, han argumentado que las palabras “sometidas a su jurisdicción” le permiten a Estados Unidos negar la ciudadanía a los bebés nacidos de mujeres que se encuentran en el país sin permiso legal.
¿Cuál es la base de este recurso legal?
La apelación de emergencia no se enfoca directamente en si la orden presidencial tiene validez legal. En su lugar, va dirigida l amplio alcance de las órdenes emitidas por los jueces federales.
El Departamento de Justicia argumenta que, de forma individual, los jueces carecen de las facultades para hacer que sus fallos tengan efecto a nivel nacional. En el pasado, cinco de los jueces conservadores de la Corte Suprema han expresado preocupaciones pasado sobre este tipo de órdenes de restricción a nivel nacional. Sin embargo, el máximo tribunal nunca se ha pronunciado al respecto.
