
Esta información confirmada por esa entidad, indicó que desde enero de 2024 hasta el 16 de marzo de ese año, esa entidad impuso 347,446 multas por distintas infracciones de tránsito.
Hasta el 16 de marzo de este año, la Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), impuso 470,399 multas a conductores que violaron la ley de tránsito, representando un aumento de 35% en comparación con el mismo período del año 2024.
Esta información confirmada por esa entidad, indicó que desde enero de 2024 hasta el 16 de marzo de ese año, esa entidad impuso 347,446 multas por distintas infracciones de tránsito.
“122,953 infracciones más que el mismo periodo del año pasado. 35% de incremento”, informaron a LISTÍN DIARIO.
Las infracciones más comunes de los conductores dominicanos son la falta de respeto a las señales de semáforo, (luz roja); el uso de las vías públicas y paseos; el transitar sin matrícula; sin licencia y con ella vencida; el transitar sin seguro o con el vencido; el no uso del cinturón de seguridad; el no uso del casco protector; transitar en vía contraria y el exceso de velocidad son las sanciones.
Para el año 2024, según datos de la página web de esa entidad, se impusieron 1,948,238 multas. De estas, 573,078 fueron a motoristas por el no uso de casco protector.
A estos le siguen el transitar sin seguro o con el vencido, con 193,737 multas; transitar sin licencia o con ella vencida, con 173,281 infracciones. El respeto a las señales del semáforo (luz roja) recibió unas 150,901 multas; el no uso del cinturón de seguridad, 103,156; la falta o perdidas de medida de seguridad, 75,380; el exceso de velocidad, 65,239 y transitar en vía contraria 50,415.
El 75% de los ingresos obtenidos por el cobro de las multas es dirigido a la Procuraduría General de la República y el 25% para el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).
La ministra de Interior y Policía, Faride Raful reveló a Listín Diario que esa entidad busca convertir el pago de multas de tránsito en obligatorio como forma de imponer un régimen de consecuencias.
Según explicó con la Ley 63-17 de Tránsito y Movilidad, las multas prescriben en un año a partir de la fecha en que se cometió la infracción, cuya extinción puede ser solicitada a través de un tribunal especializado.