En el Congreso Nacional existe un proyecto de ley, depositado por el diputado Tobias Crespo, que busca aumentar los montos a pagar por las multas, además de modificar la distribución del dinero recaudado.
Hasta el 16 de marzo de este año los agentes de la Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), impusieron 470,399 infracciones a conductores que violaron la ley de tránsito.
En los meses de enero y febrero, de acuerdo a los datos publicados en la página web de esa entidad, estas sanciones se contabilizaron en 382,164.
Un gráfico del Banco de Reservas especifica que el pago por estas multas van desde RD$1,000.00 hasta los RD$1667.00. Los usuarios pagan RD$1,667.00 por no usar el cinturón de seguridad; violar la luz roja; el uso de celular u otros dispositivos electrónicos y portar menores de edad en el asiento delantero.
Mientras que por multas anteriores las personas pagan RD$530.00 y RD$884.00, todas las demás tienen un costo de RD$1,000.00, de acuerdo a gráfico publicado en la página web del Banco de Reservas.
Durante enero y febrero las infracciones del respeto a las señales del semáforo (luz roja), contabilizaron 23,800; por obstruir el tránsito, 11,776; por transitar sin matrícula, 16,013; transitar sin placa, 5,084; por transitar sin Marbete, 2,836; transitar con placas no previstas en la ley, 321; transitar con placas vencidas, 246,000; requisitos de equipamiento, 809; transitar sin licencia o vencida, 38,668; transitar sin seguro o vencido, 37,129,000; uso del celular o dispositivos electrónicos (Distracción durante la Conducción), 7,938; no uso del cinturón de seguridad, 17,476; no uso del casco protector, 115,555 y transitar sin luces, 12,565.
Si todas las personas pagaron estas infracciones, el Gobierno recaudó RD$312,443,338 por el pago de multas.
De acuerdo a la Ley 63-17 sobre Tránsito, Transporte y Seguridad Vial, el 75% de los ingresos obtenidos por el cobro de las multas es dirigido a la Procuraduría General de la República y el 25% para el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).
Nuevas sanciones
Durante un desayuno en Listín Diario, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, informó que se busca convertir el pago de las multas en una acción obligatoria, para de esta forma imponer un régimen de consecuencias ante el caos vehicular.
“Se está proponiendo una reforma a la ley de tránsito en ese capítulo solamente, para nosotros poner de manera obligatoria el pago de la multa. Porque en lo que todos estamos de acuerdo, es que cuando no hay un régimen de sanciones, las personas evaden la responsabilidad que les toca”, expresó Raful.
Mientras el gobierno toma esta acción, en el Congreso Nacional existe un proyecto de ley, depositado por el diputado Tobias Crespo, que busca aumentar los montos a pagar por las multas, además de modificar la distribución del dinero recaudado.
“Se modifican los montos pecuniarios sobre las cuantías de las multas contravenciones de tránsito determinadas en la Ley 63-17 sobre Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la República Dominicana en una reducción de un porcentaje equivalente a setenta y cinco (75%) de los valores del salario mínimo del sector público centralizado, definidos en cada uno de los artículos que tipifiquen violaciones y sanciones de esta materia en esta ley”, dice el artículo 1 del proyecto de ley.
La distribución de los ingresos por el cobro de las multas según este proyecto también posee un cambio de asignación. Aquellas que sean impuestas por violaciones hechas en el ámbito municipal será distribuido de la siguiente manera de la siguiente manera, un 30% al municipio donde se produjo la violación; 25% a la Procuraduría General de la República; 25% al instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y 20% a la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).
Mientras que los montos recaudados por concepto de la violación a la presente ley fuera del ámbito municipal se prorratearan de la siguiente manera: 35% para la Procuraduría General de la República; 35% para el instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre y el 30% Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre.
