Nueva orden migratoria enfrenta a comunidades y abogados con el Gobierno
Millones de indocumentados en Estados Unidos se enfrentan desde mañana viernes al dilema de tener que escoger entre inscribirse en un registro nacional y proporcionar sus huellas dactilares, lo que los pondría en la mira de las autoridades para su deportación, o enfrentar castigos que potencialmente los llevarían a la cárcel.
El "Requisito de Registro de Extranjeros" anunciado en marzo pasado por el Gobierno de Donald Trump busca presionar a los inmigrantes a marcharse por su propia cuenta, dado que la inscripción en este plan proporcionaría datos para su expulsión, pero incumplirlo podría suponer mayores castigos a los que enfrenta la ofensa civil por estar indocumentados.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) confirmó a EFE que este 11 de abril se hace efectiva la medida, que exige inscribirse en el registro a todos los extranjeros indocumentados mayores de 14 años que han permanecido en el país por más de 30 días.
Los padres o tutores legales de indocumentadosmenores de 14 años deben registrar a los pequeños, aunque para este grupo no será necesario que se les tomen las huellas dactilares.
- USCIS ya ha habilitado en su sitio web los recursos para que los inmigrantes abran una cuenta personal e inicie la inscripción, en la que deben informar sobre su lugar de residencia, cuándo ingresaron al país y si tienen récord criminal, entre otros detalles.
Las autoridades exigen que se lleve el comprobante de inscripción en todo momento.
"Pues la verdad no sé qué hacer. Por el lado que usted vea las opciones nos perjudican a nosotros"Carlos CifuentesUn indocumentado con más de 15 años en Estados Unidos“
Llamado para no participar
Activistas y abogados de inmigración han salido a calmar a los inmigrantes y han hecho un llamado a la comunidad indocumentada a no participar. "No, no hay que inscribirse.
Esa orden ejecutiva de Trump es inconstitucional", indicó a EFE el abogado de inmigración Alex Gálvez, que ha replicado su mensaje por las redes sociales, después de escuchar que varios indocumentados estaban dispuestos a presentar la información.
El jurista opina que el nuevo requerimiento de la Casa Blanca viola la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos que protege a las personas de la autoincriminación.
En busca de justicia
Los inmigrantes están a la espera de que un tribunal federal en Washington se pronuncie al respecto de una demanda presentada por cuatro organizaciones comunitarias.
En la primera audiencia del caso el martes pasado, el juez Trevor McFadden, designado por Trump, pareció inclinarse a favor de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes, La Unión de Trabajadores Agrícolas, CASA y Make the Road New York, que han pedido que se bloquee la medida.
La querella alega que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, siglas en inglés) incumplió las normas de procedimiento dado que la orden afecta a millones de personas y debió estar sujeta a los requisitos de notificación y consulta pública.
Millones de afectados
La medida afectaría a entre 2.2 y 3.2 millones de extranjeros, según el DHS. Pero los demandantes han advertido que el número de afectados sería mucho mayor.
"Esta norma es una invitación al abuso generalizado… Esta norma pone en peligro las libertades y los derechos de millones de personas que viven aquí", dijo en un comunicado Michelle Lapointe, directora legal del Consejo Americano de Inmigración, que representa a los demandantes junto a la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y otros abogados.
El juez McFadden dijo que se pronunciaría antes de la fecha de implementación del registro, que tiene como base legal una ley en desuso aprobada durante la Segunda Guerra Mundial.
Los activistas esperan que el tribunal imponga un bloqueo, que de darse seguramente será apelado por la AdministraciónTrump, conocida por llevar las batallas legales hasta la Corte Suprema.
"No hay que alimentar el miedo que esta Administración quiere imponer. Hay que luchar y mantenerse informado", insistió Galvez.
El registro es una de varias iniciativas de la Casa Blanca para cumplir con las promesas de la campaña republicana de deportaciones masivas, que incluyen un acuerdo con el Departamento de Rentas Internas (IRS) para obtener información privada de las declaraciones de impuestos de ciertos inmigrantes.
