La presidenta de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi), Annerys Mélendez, calificó de “desplanificada” la estrategia que desarrollan las autoridades para deportar a los haitianos.
Los sectores industriales y empresariales han comenzado a manifestar su preocupación ante la política migratoria que aplica el Gobierno del presidente Luis Abinader, la cual tiene de meta desde octubre del pasado año la deportación de 10,000 inmigrantes indocumentados cada semana.
La masiva ola de “interdicciones” realizada por la Dirección General de Migración (DGM) en el país impacta, precisamente, en los haitianos situados en el territorio nacional, quienes continúan pasando la zona fronteriza para escapar de la crisis sociopolítica registrada en su país.
Sin embargo, estas acciones, que no pretende flexibilizar el Poder Ejecutivo, generan inquietudes en los actores productivos dominicanos, ya que los ciudadanos del vecino país realizan labores significativas, vinculadas al desarrollo económico nacional.
Es por esta razón que el presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Julio Brache, consideró el pasado viernes que el proceso más conveniente a ejecutar es la regularización de los indocumentados trabajadores.
"Sí, se ha afectado en algunas partes el tema de la mano de obra en la construcción, en la agroindustria, para recoger las frutas y los vegetales del campo…", dijo Brache, quien representa a más de 200 industrias.
Brache emitió estas declaraciones al participar en un acto que fue encabezado por el presidente Abinader, donde también sugirió aplicar un permiso de trabajo, similar al utilizado por México y Estados Unidos en su línea divisoria.
Aunque esta es la más reciente, el pasado 9 de febrero la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi) le solicitó al tren gubernamental regularizar al menos 87,000 empleados haitianos, que no han podido normalizarse, ante la falta de emisión de permisos.
Además, la presidenta del colectivo, Annerys Mélendez, calificó de “desplanificada” la estrategia que desarrollan las autoridades para deportar a los haitianos, según recogen publicaciones en medios oficiales. Alegando, por igual, que no permitieron el tiempo necesario para que los obreros culminen los tramites de legalidad.
Mélendez aseguró que las compañías dedicadas a la construcción, en la generación de 435,000 empleos, cumplen con lo establecido en el Código de Trabajo, Ley 16-92, donde queda establecido que al menos el 80% “del número total de trabajadores de una empresa debe estar integrado por dominicanos”.
Aunque este es el principal debate, algunos activistas políticos opositores han denunciado en los últimos años impactos negativos ocasionados por el éxodo masivo de haitianos, afirmando que, según alegan, ocupan de manera mayoritaria los centros hospitalarios y complejos educativos públicos, sin aportar al tributo fiscal nacional.
“Política migratoria clara”
El vocero de la Presidencia, Homero Figueroa, ha indicado que la “política migratoria (del gobierno) es clara”, “reducir la presencia de inmigrantes indocumentados, asegurar la frontera y hacer cumplir la ley. Nuestra política no incluye ningún plan de regularización”, expresó el portavoz a través de una publicación en su red social de X.
Aunado a esto se encuentran las 15 medidas anunciadas el pasado 6 de abril por el presidente, que pretenden ampliar y reforzar la capacidad de supervisión en las provincias fronterizas. Al igual que robustecer las labores de detención migratoria en el interior del país.
