En el proyecto de modernización fiscal, que fue sometido por el Poder Ejecutivo y rechazado por una gran parte de los sectores de la sociedad civil, el gobierno planteó la reducción y eliminación de exoneraciones fiscales para la importación de vehículos de motor.
La iniciativa, presentada en tono de reforma integral, buscaba suprimir privilegios tributarios históricos, desde los asignados a legisladores hasta franquicias de zonas francas y entidades sin fines de lucro, con el argumento de que representan un alto costo para el fisco sin traducirse en los beneficios económicos esperados.
El proyecto señalaba que las exenciones vigentes han erosionado la recaudación “sin que, en muchos casos, se cumpla el objetivo de atraer la inversión de nuevos capitales… o cualquier otro objeto de interés social”, por lo que buscaba “iniciar un proceso de racionalización” de estos incentivos. En suma, las medidas apuntaban a fortalecer la sostenibilidad fiscal del país y promover una mayor equidad tributaria mediante la eliminación de tratos preferenciales.
Removiendo privilegios
Una de las disposiciones más destacadas del proyecto ya retirado era la eliminación de la exoneración de vehículos para miembros del Congreso, En efecto, la propuesta deroga la Ley núm. 50-66, que desde 1966 autorizaba a cada senador y diputado a importar un vehículo de uso personal libre de impuestos y aranceles. Dicha ley, modificada en varias ocasiones durante décadas, otorgó a los legisladores un privilegio fiscal ampliamente criticado.
También apuntaba al régimen de exenciones para organizaciones no gubernamentales (ONG), el cual de igual manera sería restringido. El proyecto modifica el artículo 50 de la Ley 122-05 (que regula las asociaciones sin fines de lucro) limitando sus exenciones tributarias únicamente al Impuesto Sobre la Renta y a impuestos sobre donaciones y legados. En la legislación vigente, las ONG gozaban de una exención general de todos los tributos –incluidos aranceles e ITBIS en importaciones– por su carácter no lucrativo. En el proyecto esas entidades seguirían exentas del pago de impuestos sobre sus ingresos y donativos, pero ya no disfrutarían de franquicias automáticas para traer vehículos u otros bienes del exterior.
La propuesta de modernización fiscal abarcaba también la revisión de incentivos vigentes para vehículos “especiales”, como los de energía no convencional. En la actualidad, la Ley 103-13 ofrece estímulos a la importación de vehículos eléctricos e híbridos, exonerándoles de impuestos con el fin de fomentar tecnologías limpias. El proyecto de ley modifica ese régimen para hacerlo temporal y decreciente. Según el texto, los automóviles definidos como de energía no convencional gozarán de un 50% de reducción en aranceles, ITBIS, primera placa y tasa por CO₂ durante cinco años, contado a partir de la entrada en vigencia de la reforma.
Asimismo, el proyecto introducía nuevas condiciones para exoneraciones de carácter social, asegurando que se enfoquen exclusivamente en quienes las necesitan. Por ejemplo, mantiene la exención arancelaria para vehículos importados por personas con discapacidad, pero con límites claros. Solo califican los vehículos adaptados a las necesidades especiales del beneficiario (ya sea para conducirlos directamente en caso de limitación físico-motora, o para su transporte si no puede conducir). Además, cada persona con discapacidad podrá importar un vehículo exonerado cada diez años, sin acumulación de franquicias pendientes.
Racionalización fiscal
Las autoridades justificaron estos cambios como parte de una estrategia más amplia para sanear las cuentas públicas y distribuir mejor las cargas tributarias. En la exposición de motivos del proyecto –contenida en sus considerandos– el Gobierno advierte que el elevado “gasto tributario” derivado de exenciones, exoneraciones y reducciones de impuestos ha minado los ingresos del Estado.
Según el Considerando Décimo Octavo, muchos de estos privilegios fiscales no han logrado estimular las inversiones ni el crecimiento como se pretendía, resultando en un sacrificio fiscal que el Estado ya no puede sostener. La Constitución dominicana establece que las exenciones solo deben concederse si persiguen objetivos de interés público; sin embargo, el Ejecutivo sostiene que en la práctica varias exoneraciones no han cumplido con ese propósito, quedando como meros beneficios particulares.
En este sentido, la reforma planteaba eliminar o recortar aquellas ventajas tributarias que carecen de justificación económica o social, enfatizando la necesidad de “corregir distorsiones” del sistema impositivo. El proyecto destacaba el principio de equidad fiscal, procurando que todos los contribuyentes aporten en función de su capacidad y reduciendo tratamientos especiales que favorecen a grupos específicos.
