El Comité Dominicano de Derechos Humanos en Puerto Rico alza la voz ante los abusos y muertes en la crisis migratoria
En una jornada regular de trabajo, agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) se presentaron en un almacén de construcción en Toa Baja, municipio del norte de Puerto Rico, donde laboraba Antonio Báez, un dominicano oriundo de Gaspar Hernández, provincia Espaillat. Al enterarse de la redada, Báez intentó huir subiéndose al techo del depósito, a unos 30 pies de altura, desde donde cayó de cabeza al pavimento, resultando gravemente herido.
El dominicano permaneció varios días en cuidados intensivos, sin compañía ni visitas de familiares o allegados que pudieran acompañarlo en la agonía de sus últimos días. Murió solo en un hospital, ya que, aunque sus familiares solicitaron la visa para acompañarlo, esta nunca fue aprobada. Con la ayuda de un comité dominicano en la isla, se recaudaron fondos para repatriar sus restos a la República Dominicana.
Otro caso estremecedor es el de Juan Alexis Tineo Martínez, quien falleció durante una intervención de las autoridades en alta mar en un confuso incidente. El dominicano, de 44 años, murió en un hospital de San Juan bajo custodia del ICE, dos días después de ser detenido.
Medios puertorriqueños reportaron que el ICE no informó sobre la muerte de Tineo hasta el 3 de marzo de 2025, ocho días después del fallecimiento, incumpliendo su propia política de notificación dentro de un plazo de 48 horas.
Las historias que llegan desde la isla vecina sobre la situación de los dominicanos en condición migratoria irregular son desgarradoras, y muchos ya califican lo que ocurre como una crisis humanitaria.
- "La narrativa era que iban detrás de delincuentes, prófugos de la justicia, violadores, etc. El discurso ha cambiado, y ahora están detrás de cualquier persona que camine por la calle con el perfil racial de dominicano", denunció José Rodríguez, presidente del Comité Dominicano de los Derechos Humanos en Puerto Rico.
En conversación con Diario Libre, Rodríguez denunció no solo estas muertes, sino también el suicidio de una ciudadana dominicana y la golpiza que recibió Elbis Guzmán, un paciente de cáncer, a manos de agentes del ICE en una gallera donde se encontraba. Guzmán pasó varios días hospitalizado a consecuencia de la agresión.
"En este interín hemos visto cómo madres y padres han sido separados de sus hijos, usando la información de las licencias de conducir. Dicen que no van a las escuelas, pero hay madres que han sido arrestadas cuando iban a dejar a sus hijos, y al día siguiente ya estaban deportadas. Y no se sabe qué ha pasado con esos niños"José Rodríguezpresidente del Comité Dominicano de los Derechos Humanos en Puerto Rico.“
El caso de María de Jesús Pierex Solano de Romero sigue resonando entre la comunidad dominicana. Según Rodríguez, la presión migratoria en la isla llevó a esta mujer de 59 años, residente en el barrio Capetillo de Río Piedras, a tomar la trágica decisión de quitarse la vida.
Rodríguez también aseguró haber recibido información sobre otros dominicanos que, en medio de la desesperación, han intentado suicidarse. Por ello, su comité busca crear, junto con el Colegio de Médicos Cirujanos, una línea de ayuda que les brinde atención médica y psicológica.
"Nosotros fuimos los precursores de la famosa licencia de conducir que hoy se usa para ir a las casas a arrestar a los dominicanos. El Comité Dominicano propuso ese proyecto a Alejandro García Padilla en 2013. Fue aprobado porque vino desde el Ejecutivo, y les explicamos todos los beneficios. No son seis mil los que la han obtenido, son muchos más, y ahora los están ubicando gracias a esa lista, que la gobernadora de Puerto Rico entregó al IRS para que los buscaran y deportaran", denunció.
Redadas en las escuelas
El activista también denunció casos de niños dominicanos detenidos en escuelas, cuyo paradero se desconoce. Agregó que algunos de sus padres han sido arrestados por agentes migratorios, en ocasiones frente a sus propios hijos, mientras los acompañaban camino al colegio.
"En este interín hemos visto cómo madres y padres han sido separados de sus hijos, usando la información de las licencias de conducir. Dicen que no van a las escuelas, pero hay madres que han sido arrestadas cuando iban a dejar a sus hijos, y al día siguiente ya estaban deportadas. Y no se sabe qué ha pasado con esos niños", narró.
- "Imaginen a esos niños que, al salir de la escuela, no encuentran a su madre y no saben dónde está, ni cuándo la volverán a ver. Un padre iba a llevar a su hija de cinco años al colegio y lo arrestaron frente a ella. Fue uno de los casos relacionados con las licencias. Lo esperaron afuera de su casa. Imaginen el trauma para esa niña que vio cómo dejaban solo a su papá", relató con angustia.
Falta de respuesta oficial
Rodríguez lamentó que las autoridades dominicanas no se hayan pronunciado sobre estos hechos, que han sido ampliamente documentados. Aseguró que los afectados no han recibido asistencia del consulado dominicano en Puerto Rico.
"No solo nos afecta a nosotros, también a la economía dominicana. Porque quienes antes enviaban dinero a sus madres, hermanas, hijos, ya no lo hacen por miedo a ser arrestados. Y como usted bien dijo, están pasando hambre", puntualizó.
Señaló el caso de un dominicano que, al intentar acogerse al programa de autodeportación promovido por el gobierno de Donald Trump, fue arrestado en el aeropuerto y trasladado a una cárcel migratoria. Otro grupo de 10 dominicanos que pretendía iniciar este proceso desistió por temor a sufrir la misma suerte.
"Hubo un arresto en el Hotel La Concha. Había 53 dominicanos, todos arrestados. Habían trabajado 11 de los 12 pisos del hotel. Les pagaban los viernes, y los arrestaron el jueves. Pensamos que lo hicieron para no pagarles. Eso se presta para trata laboral humana", denunció.
Con el apoyo de varias onegés, el Comité Dominicano de los Derechos Humanos en Puerto Rico convocó una manifestación para el próximo sábado 14 de junio a las 2:00 p.m. en el Viejo San Juan, con el objetivo de denunciar los abusos cometidos contra los dominicanos durante las redadas migratorias.
