Los implicados cobraban entre RD$70,000 y RD$100,000 por cada documento falsificado
Cuatro integrantes de una red criminal dedicada a la falsificación de documentos públicos y privados fueron condenados a penas de prisión por un tribunal que acogió un Procedimiento Penal Abreviado, solicitado por el Ministerio Público. Entre los condenados figura un empleado de la Junta Central Electoral (JCE).
Los implicados operaban desde Barahona, Santo Domingo y el Distrito Nacional, y cobraban entre RD$70,000 y RD$100,000 por cada documento falsificado.
Entre los documentos producidos ilegalmente se encontraban cédulas, actas de nacimiento, pasaportes, licencias de conducir, permisos de porte y tenencia de armas, así como carnets de instituciones como la DNCD, el DNI, el Ejército, el Ministerio de Educación y la Universidad del Caribe (Unicaribe).
Las condenas impuestas son las siguientes:
- Divisay Altagracia Amparo Peña y José Alfredo de los Santos: 6 años de prisión, a cumplir en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Baní Mujeres y en el Centro de Privación de Libertad (CPL) de Barahona, respectivamente, con suspensión condicional de los últimos cinco años.
- Yonel Raphael: 3 años de prisión, con suspensión condicional de los últimos dos años, a cumplir en el CPL de Barahona.
- Andys Hernández Rivera, empleado de la JCE: 3 años de prisión, con suspensión condicional de los últimos dos años y dos meses, además del pago de una multa equivalente a 20 salarios mínimos.
Las condiciones impuestas para la suspensión de las penas incluyen residir en el domicilio declarado, abstenerse del consumo excesivo de alcohol y del porte de armas, mantener una conducta social adecuada conforme a las leyes dominicanas y estar bajo supervisión del juez de Ejecución de la Pena de Barahona.
Además, se ordenó el decomiso de los equipos electrónicos incautados durante la investigación, en favor del Estado dominicano.
El Ministerio Público de Barahona, junto a la Unidad de Investigación contra el Registro Civil y la Cédula de la JCE, representado por los fiscales Wellington Matos y Esther González Peguero, y con apoyo de la Consultoría Jurídica de la JCE, demostró que la red falsificaba documentos y también incurría en lavado de activos.
Falsificaban visados
Los documentos falsificados incluían también visados de países como Estados Unidos, Bahamas, Chile, Curazao, Ecuador, Nicaragua, Guatemala, Brasil, Haití, Canadá, Países Bajos, Honduras, entre otros. Estas identidades falsas eran entregadas tanto a ciudadanos dominicanos como haitianos.
La jueza Fátima Cruz Estrella, del Distrito Judicial de Barahona, dictó las condenas tras la admisión de los hechos por parte de los acusados, en virtud de las pruebas presentadas.
Los delitos cometidos están sancionados por el Código Penal Dominicano, la Ley 172-13 sobre Protección de Datos, la Ley 53-07 sobre Delitos de Alta Tecnología y la Ley 4-23 de Actos del Estado Civil.
La investigación, iniciada en enero del año 2024 en Barahona, surgió tras el arresto de varios extranjeros con documentos falsos.
Durante el proceso se identificó a los cabecillas de la red: Pablo Selmo De La Cruz, actualmente en prisión preventiva; Yonel Raphael; y Modesto Alcántara, quien figura como testigo en el proceso abreviado. También se estableció la participación directa de José Alfredo de los Santos, Divisay Altagracia Amparo de Vásquez y Andys Hernández.
La operación investigativa fue ejecutada durante aproximadamente un año por la Dirección de Seguridad de la JCE y la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim), desplegando un equipo en distintas zonas del sur del país, así como en Santo Domingo y el Distrito Nacional.
