
Camacho citó un ejemplo claro de la desconexión entre la ley y la realidad operativa: el Código Procesal Penal (CPP) establece un plazo de ocho meses para la investigación en casos complejos, con una prórroga máxima de cuatro meses
Wilson Camacho, director de Persecución del Ministerio Público, enfatizó la necesidad de abordar no sólo las cuestiones prácticas de cómo se aplica la justicia, sino también las reformas fundamentales que deben hacerse al marco legal.