
A los acusados que no colaboraron con el Ministerio Público, también se les impuso impedimento de salida.
El juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, dictó prisión domiciliaria como medida de coerción para los implicados en una supuesta red de militares y civiles acusados de estafar al Estado con más de 100 millones de pesos mediante sobornos.