Los obispos describieron a Haití como "un Estado fallido que ya no garantiza ni la seguridad, ni la justicia, ni el mínimo vital para su pueblo".
La Conferencia Episcopal de Haití (CEH) denunció la creciente barbarie y violencia generada por las bandas armadas, al tiempo que criticó duramente a las autoridades por la falta de respuesta ante la crisis.
En un mensaje difundido por la emisora de Haití Radio RFM 104.9, los obispos describieron a Haití como "un Estado fallido que ya no garantiza ni la seguridad, ni la justicia, ni el mínimo vital para su pueblo".
"Un territorio fragmentado, abandonado a la ley de las armas y al terror de los grupos armados", advierten los obispos, quienes apelan directamente a la conciencia colectiva de la nación.
La CEH expresó su preocupación por la persistente inseguridad, el colapso de los servicios básicos y la ausencia de gobernabilidad. En ese contexto, consideraron inapropiado el momento actual para convocar un referéndum constitucional, ya que, según su declaración, las condiciones no garantizan ni participación democrática ni estabilidad.
"La prioridad es la seguridad, la paz y la gobernanza en beneficio del pueblo", recalcaron los prelados.
Frente a la agudización del caos, los obispos haitianos afirman que "aún hay tiempo de evitar lo irreparable", en un llamado urgente a las autoridades y a la comunidad internacional a tomar medidas efectivas.
Esta declaración de la jerarquía católica haitiana se suma a las voces que, dentro y fuera del país, exigen un cambio profundo ante el deterioro acelerado de las condiciones de vida, en medio de secuestros, asesinatos, desplazamientos forzados y el control territorial que ejercen decenas de pandillas armadas.
Espiral de violencia
Las bandas armadas dominan gran parte del área metropolitana de Puerto Príncipe y su entorno, con atrocidades que incluyen violaciones sexuales generalizadas, incluso contra niñas y niños.
Víctimas de extrema crueldad han sido objeto de asesinatos selectivos. Uno de los episodios más sangrientos ocurrió en diciembre de 2024 en Cité Soleil, donde un grupo armado mató al menos 180 personas, la mayoría adultos mayores acusados de brujería.
En octubre del mismo año, otra masacre cobró unas 115 vidas en Pont-Sondé, con decenas de casas incendiadas y miles de personas desplazadas.
En los últimos meses, los enfrentamientos han cruzado los límites geográficos de la capital. El pasado 5 de julio, las pandillas incendiaron el histórico Hotel Oloffson, símbolo cultural de Haití, manifestando su poder destructivo.
Solo en los últimos nueve meses, se registraron cerca de 5,000 homicidios vinculados a la violencia de bandas, según datos de Naciones Unidas. Además, se estima que más de 1.3 millones de personas han sido desplazadas por la violencia, en un contexto de hambruna, colapso sanitario y devastación social.
La ONU ha advertido que Haití se encuentra al borde del "punto de no retorno", con un Estado que ha perdido el control del territorio y no puede garantizar ni seguridad, ni justicia, ni servicios básicos. Incluso se han formado grupos de "autodefensa" que, según el organismo, cometen abusos similares a los de las pandillas y, en algunos casos, operan con el apoyo de autoridades locales.
