Varias instituciones firmaron un acuerdo de cooperación para implementar la justicia terapéutica y de reinserción social
Las entidades firmantes son el Consejo del Poder Judicial (CPJ), el Ministerio Público, el Ministerio de Salud Pública (MSP), el Consejo Nacional de Drogas (CND), el Servicio Nacional de Salud (SNS), la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) y el Centro de Orientación e Investigación Integral (COIN). El acto estuvo presidido por el juez presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Henry Molina.
Al promover la rehabilitación y reinserción social, las entidades buscan unir voluntades con el objetivo de ofrecer un enfoque integral basado en justicia terapéutica cuando se trata de personas diagnosticadas con uso problemático de drogas. La firma del documento estuvo a cargo del director general de Administración y Carrera Judicial, Jhonattan Toribio Frías, en representación del Consejo del Poder Judicial; la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso; el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah Lajam; el presidente del Consejo Nacional de Drogas, Alejandro de Jesús Abreu; el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama Olivero; el director de la Oficina Nacional de Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos; y el director ejecutivo del Centro de Orientación e Investigación Integral, Santo Rosario Ramírez.
Al dirigirse a los presentes, Henry Molina sostuvo que el acuerdo expresa un compromiso colectivo con la dignidad de las personas, con la rehabilitación sobre la exclusión y con la justicia que escucha, acompaña y transforma.
La procuradora Yeni Berenice destacó la importancia del acuerdo para muchos jóvenes que demandan atención de salud y para un sistema de justicia cuyo fin siempre será, como lo establece la Constitución, el de reinsertar al individuo a la sociedad.
El acuerdo contempla la intervención de equipos profesionales de salud mental y trabajo social, con la supervisión de un tribunal y la participación del fiscal y la defensa, garantizando el respeto a los derechos humanos y la protección de las personas imputadas en delitos menores por encontrarse en situación de vulnerabilidad múltiple debido al consumo problemático de drogas y estar sujeta a un proceso judicial.
