Santo Domingo.– Desde el operativo en el que cinco hombres fueron abatidos en Santiago el pasado 10 de septiembre, no se han registrado en el país nuevos “intercambios de disparos” con la Policía Nacional, una pausa que mantiene bajo la lupa el accionar de la institución en medio de un aumento sostenido de muertes en operativos policiales.
Ese día, una patrulla ejecutó a José Vladimir Valerio Estévez, conocido como Vladi y propietario de una barbería en La Barranquita, junto a Elvis Antonio Jiménez Rodríguez, Edward Bernardo Peña Rodríguez, Carlos Enrique Guzmán Navarro y Julio Alberto Gómez. Según el reporte oficial, los fallecidos pertenecían a una banda y atacaron a los agentes, resultando herido un cabo cuyo estado de salud no ha sido detallado.
Sin embargo, familiares y vecinos de Valerio han realizado vigilias y marchas reclamando una investigación independiente. Alegan que la versión oficial no coincide con lo ocurrido y que las circunstancias de la muerte del barbero deben ser esclarecidas.
Cifras en ascenso
El caso ocurre en un contexto de incremento de muertes atribuidas a la Policía. En los primeros cuatro meses del año, medio centenar de personas murieron en supuestos intercambios de disparos, una cifra superior a la del mismo período del año pasado. Al cierre del tercer trimestre, los fallecidos por acciones policiales sumaban 170, frente a los 120 de 2024 y más del doble de los 68 registrados en 2023.
El repunte rompe la tendencia de descensos previos y, desde la designación del actual director policial en noviembre de 2023, el aumento acumulado supera el 190 %. Con una tasa de 1.5 muertes por cada 100.000 habitantes, República Dominicana cuadruplica la registrada en Estados Unidos, estimada en 0.36.
Investigación en curso
El Ministerio Público mantiene abierto el caso de Santiago, sin que hasta el momento se hayan comunicado resultados ni sanciones contra los agentes actuantes. No obstante, la Policía informó recientemente de la entrega voluntaria de Ronny Abel Sánchez Morillo, alias Mudita, señalado como supuesto cabecilla de la banda vinculada a los cinco fallecidos, cuyo sometimiento y medidas de coerción están pendientes.
Observación internacional
El debate local se enlaza con las advertencias del Informe 2024 sobre Prácticas de Derechos Humanos del Departamento de Estado de EE. UU., publicado en agosto de 2025, que reiteró denuncias creíbles de ejecuciones extrajudiciales en el país. El documento hace referencia a patrones ya discutidos en la sociedad dominicana: casos presentados como “intercambios de disparos”, ausencia de investigaciones transparentes y limitada rendición de cuentas.
Reacciones políticas y sociales
Las muertes en La Barranquita han generado protestas comunitarias y respuestas políticas. El presidente Luis Abinader aseguró que las investigaciones llegarán hasta las últimas consecuencias y enfatizó que no habrá impunidad, señalando que la actuación de los agentes será revisada conforme a la ley.
