El niño fue raptado, violado y asesinado por un vecino
Con la promesa inocente de ir a jugar a una cancha, Yostín, un niño de 10 años de edad con autismo fue raptado, abusado sexualmente y asesinado por un hombre de 57 años, quien fue condenado a 15 años por agredir a otro niño en 2009.
La liberación de José Antonio Glass, señalado como el presunto responsable reveló una grieta peligrosa, sobre los agresores sexuales que cumplen condena, recuperan la libertad y regresan a las calles sin ningún tipo de control ni seguimiento estatal.
Actualmente en República Dominicana no existe un registro ni un sistema de supervisión para ofensores sexuales con condena, pese al riesgo de reincidencia y a los reclamos de mayor control para proteger a la niñez.
El artículo 29 del nuevo Código Penal establece penas complementarias y medidas sociojudiciales para un condenado por la comisión de una infracción muy grave, como la inscripción en el registro de agresores sexuales, administrado por el Ministerio Público. Sin embargo, estas normativas entrarán en vigencia para agosto del 2026, lo que limita la posibilidad de aplicar una condena más severas, como las penas acumuladas hasta de 60 años en el caso de Yostín.
La vida de este niño con todo un futuro por delante fue apagada dejando a toda una familia rota y una comunidad desconsolada.
Su agresor aplicó conductas de acercamiento y manipulación conocidas como grooming para ganarse su confianza, planificando cuidadosamente su rutina de engaño, mostrando un patrón de preparación deliberada que culminó en una atroz tragedia.
Castración
Durante la discusión del proyecto del Código Penal, el senador Franklin Romero, representante de la provincia Duarte, propuso la castración voluntaria de los agresores sexuales. Esta consistiría en un tratamiento hormonal para eliminar el apetito sexual.
El punto avanzó en la Cámara Alta, al consultar con la Procuraduría General de la República, esta parte no fue incluida. La medida se sometió voluntaria debido a que, si se imponía de forma obligatoria, porque violaría la Carta Magna, alertaron especialistas en el derecho constitucional.
En 2024, Pedro Antonio Tineo Nuñez, representante de Monte Plata, sometió un proyecto de ley que buscaba crear el Registro Nacional de Infractores Sexuales de la República Dominicana, al que ingresarán durante 10 años los condenados por delitos de esa índole, a fin de alertar a población para evitar nuevas violaciones.
Ese mismo año, la Cámara de Diputados aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que prohibía a personas condenadas por violación sexual, una vez hayan obtenido su libertad, ejercer oficios vinculados al sector educativo, de cuidado u orientación, que involucre niños y niñas, pero perimió.
