En medio del escándalo por irregularidades en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), se ha conocido otro contrato millonario bajo el modelo de pago por cápita en el régimen subsidiado.
Fruto de la investigación periodística presentada en el programa N Investiga, se conoce que aunque SeNaSa no reveló oficialmente los nombres de los centros, identificó a KHERSUN S.A., perteneciente al Grupo Read, como una de las principales beneficiadas. Según los documentos mostrados, esta empresa recibía RD$ 65 millones mensuales, lo que equivale a RD$ 780 millones al año, para un total proyectado de RD$ 3,770 millones entre 2021 y 2025. El contrato abarca 35 centros médicos en todo el país, de los cuales se visitaron cinco al azar con cámaras ocultas. Los resultados fueron alarmantes: ausencia de especialistas, equipos insuficientes y demoras prolongadas en las citas médicas.
Otra entidad que perdió el pago capitado fue DELESTE SRL, también propiedad del Grupo Read. Constituida en febrero de 2021, esta empresa se presenta como parte de la expansión de Punto Médico en zonas turísticas del Este del país. Sin embargo, la realidad muestra que solo dos de sus centros están ubicados en regiones turísticas (La Altagracia y San Pedro de Macorís), mientras que 18 de ellos están en zonas rurales del noroeste.
El contrato con Deleste establecía un pago de RD$ 130 por cada uno de los 300 mil afiliados, totalizando RD$ 39 millones. Al igual que en el caso de Khersun, el equipo de investigación alertó sobre deficiencias en infraestructura y calidad de servicio en centros urbanos, lo que pone en duda las condiciones de los ubicados en zonas rurales.
Tras la difusión del reportaje en el programa N Investiga, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) suspendió contratos con al menos once empresas privadas que operaban bajo el esquema de pagos capitados fijos dentro del régimen subsidiado. Estas empresas, que durante años recibieron fondos públicos millonarios, continuarán recibiendo pagos únicamente por los servicios prestados.
La tercera institución destacada es la Fundación de Servicio Ambulatorio Nacional de Salud (SANAS), dirigida por el senador Félix Bautista. Aunque se presenta como una ONG sin fines de lucro, su red de atención médica ha jugado un rol clave en la estrategia electoral del legislador, quien se mantiene en el Senado desde 2010.
Luego de la suspensión del pago capitado, se registró una desvinculación masiva de empleados en la fundación, lo que sugiere una alta dependencia de fondos públicos para su operación.
Desde SeNaSa se ha insistido en que no hay irregularidades en la contratación de estos centros, sin embargo, la investigación evidenció que en muchos casos no se ofrecían los servicios por los cuales el Estado pagaba, como quedó demostrado con Khersun.
A esto se suma la crítica sobre la decisión de derivar recursos públicos a centros privados no especializados, en lugar de fortalecer la red pública de salud, lo que ha sido calificado por expertos como una privatización encubierta del primer nivel de atención.
Otras empresas afectadas por la suspensión
Además de las ya mencionadas, se suspendió el pago capitado en los siguientes centros, manteniéndose únicamente el pago por servicios prestados: Unidad de Terapia Física Dr. Figueroa, CEMDA (Centro de Especialidades Médicas Dr. Acevedo), Clínica Cruz Jiminián, Centro de Salud Vivamax, Unidad Diagnóstica Cardiovascular Peravia, Centro Médico Dra. Daysi CEMEDA, Clínica de Salud e Imágenes Diagnósticas CLISID y Policlínicas Elohim Dominicana.
Reacción tardía y mediáticamente controlada
La respuesta oficial llegó después de la exposición mediática, no antes. El gobierno convocó una inusual rueda de prensa un sábado, desde el Palacio Nacional, con presencia de SISALRIL, para anunciar que ya existía una investigación con “indicios penales graves”, que sería enviada al Ministerio Público.
Sin embargo, desde el gobierno se evitó mencionar nombres de los responsables y se distribuyeron “talking points” a líderes de opinión, recomendando minimizar la presión mediática y presentar la denuncia como un acto institucional espontáneo.
Multas mínimas por irregularidades millonarias
A pesar del escándalo, la resolución 0003-202-2025, emitida en mayo y publicada en septiembre, impuso una multa mínima de RD$ 1 millón, equivalente a 101 salarios mínimos, a pesar de que SeNaSa había incumplido pagos por más de RD$ 1,000 millones a prestadores de servicios, entre enero y septiembre de 2024.
Una resolución anterior, la 2-2025, emitida en abril, reconocía un patrón de incumplimiento de más de dos años, poniendo en riesgo la atención de los afiliados. No obstante, la sanción se limitó a RD$ 1.88 millones, sin medidas correctivas significativas.
Paradójicamente, en otros casos individuales, las sanciones fueron más severas:
- El 21 de julio de 2025, SeNaSa fue multada con RD$ 3.88 millones por negar una cirugía de escoliosis.
- El 20 de noviembre de 2024, fue sancionada con RD$ 3.74 millones por limitar la cobertura de una escisión de disco intervertebral.
Ambas sanciones superan con creces la impuesta por el retraso generalizado en pagos a prestadores durante años.
Preguntas aún sin respuesta
El caso plantea interrogantes fundamentales que hasta ahora no han sido respondidas por las autoridades:
- ¿Por qué, si conocían desde hace meses las anomalías, se permitió la continuidad de contratos y facturaciones?
- ¿Qué criterios se usaron para asignar fondos millonarios a empresas con deficiencias documentadas?
- ¿Quiénes serán responsables legales, si se demuestra negligencia o dolo?
- ¿Por qué las sanciones han sido tan mínimas frente a incumplimientos tan graves?
La opacidad y la respuesta tardía del Estado en este caso profundizan la preocupación ciudadana sobre la transparencia en el manejo de fondos públicos, y evidencian una falla sistémica en la fiscalización de los recursos destinados a la salud de los sectores más vulnerables del país.
