El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró un nuevo estado de excepción en diez de las veinticuatro provincias del país por «grave conmoción interna», debido a las protestas indígenas por el alza del precio del diésel que, según el mandatario, «se han tornado violentas».
La decisión «busca detener las situaciones de las medidas de hecho tomadas en las provincias de Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay, Orellana, Sucumbíos y Pastaza, así como su radicalización, que se ha observado ha sido progresiva, evitando así mayor afectación a la población ecuatoriana», reza el decreto ejecutivo emitido de noche por Noboa.
El mandatario aseguró que durante las «violentas manifestaciones» han sido agredidos policías y militares, «quienes incluso han sido secuestrados y vejados en su integridad».
Esta nueva declaración se realiza después de que la Corte Constitucional anulara el viernes la última estado de excepción en cinco de las siete provincias donde el presidente había decretado días atrás esta medida, frente a las protestas convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la organización social más grande del país.
Los jueces solo declararon la constitucionalidad de la medida en las provincias de Carchi, fronteriza con Colombia; y en Imbabura, esta última considerada el epicentro de las manifestaciones.
Noboa señaló en su decreto de este sábado que «se han rebasado los límites del ejercicio legítimo de los derechos a la protesta y resistencia, configurando una alteración grave del orden público que excede las capacidades de control mediante medidas ordinarias».
Diez provincias
Por ello, suspendió en estas diez provincias el derecho a la libertad de reunión, que implica que durante las veinticuatro horas estará limitada la conformación de aglomeraciones en espacios públicos con el objeto de paralizar los servicios públicos.
Sí estarán permitidas las protestas pacíficas, que no afecten «los derechos, libertades y garantías del resto de la ciudadanía».
