El documento cita como beneficios vehículos alta gama por parte de empresarios que a lo largo de su gestión formarían parte de la estructura fraudulenta que se benefició del presupuesto del Seguro Nacional de Salud (Senasa), aunque no se especifica el nombre del empresario.
Desde antes de ser nombrado como director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, ya se encontraba recibiendo beneficios que formarían parte de la estructura fraudulenta, en perjuicio del Estado dominicano, según precisa el Ministerio Público en la solicitud de medida de coerción.
El documento cita como beneficios vehículos alta gama por parte de empresarios que, a lo largo de su gestión, formarían parte de una supuesta estructura fraudulenta que se benefició del presupuesto del Seguro Nacional de Salud (Senasa), aunque no se especifica el nombre del empresario.
“De igual modo, estableció una serie de compromisos económicos para cumplir cuando asumiera el control de esta institución pública”, agrega el MP.
Hazim, quien es señalado como líder del entramado que agrupa a otras nueve personas, inició con todas las maniobras fraudulentas desde el 21 de agosto de 2020, día en que mediante el decreto 377- 20 fue designado como titular de Senasa.
“Desde su llegada, se rodeó de un círculo cercano de amigos y colaboradores con quienes instauró en la institución un entramado criminal estructurado y funcional, a través del cual diseñó un esquema de corrupción institucionalizada”, establece el documento.
Estas acciones se caracterizaron por la recepción de sobornos, falsificación del contenido de los estados financieros, manipulación de cuentas contables, creación de programas fraudulentos, privatización de la atención primaria, coalición de funcionarios, prevaricación, y estafa en perjuicio del Estado.
Del que agrega el Ministerio Público, Hazim estaba “obligado a servir y proteger”.
Este fraude a esta ARS que agrupa el 70% de la población, afectó de manera directa a los afiliados, al comprometer recursos destinados a garantizar la atención médica y la cobertura de salud de la población más vulnerable.
“Las evidencias obtenidas hasta el momento han permitido identificar distintos ejes operativos de corrupción y fraude, materializados por esta estructura criminal integrada por empresarios, profesionales de la salud, personas particulares y funcionarios públicos, dirigidos por el imputado Santiago Marcelo Hazim Albainy”, dice el expediente que sobrepasa las 500 páginas.
Distribución de sobornos
Otras de las violaciones en las que incurrió Hazim, fue en la creación del Comité de Contrataciones Médicas dentro de la estructura de la institución, comité inexistente hasta ese momento y creado de forma arbitraria, sin sustento legal, normativo ni procedimental, alterando el mecanismo previamente vigente para la evaluación y aprobación de prestadores de servicios de salud.
Este comité fue integrado por gerentes del círculo cercano de Hazim, siendo estos, Francisco Iván Minaya, Gerente de Salud; Roberto Canaán, Gerente de Atención al Usuario; Gustavo Guilamo, Coordinador de Gabinete; Germán Robles, Consultor Jurídico y Carmen José Velázquez, Gerente de Afiliación.
“Este comité respondió exclusivamente a la intención de concentrar las decisiones de contratación en un grupo reducido de colaboradores de extrema confianza, todos bajo su línea directa de autoridad”, dice el Ministerio Público.
Conforme a las evidencias recabadas en la investigación, el comité operó como instrumento creado por Santiago Hazim, para favorecer de manera directa, selectiva y discrecional a prestadores de salud vinculados a su círculo político, de amistad y personas y empresas vinculadas a sus intereses personales, políticos y económicos.
“El cual procuraba beneficiar a las personas que le apoyaron en términos políticos, como aquellos que le entregaban sobornos”, dice.
Asimismo, señala que para el control de las aprobaciones y contratos, Santiago Hazim incluyó a sus asistentes más cercanas, quienes aun con su ausencia presentaban listas predeterminadas de prestadoras que debían ser aprobadas por órdenes directas del imputado.
“Utilizando expresiones como "eso es del CEO", "eso es del Olimpo" o "vino respaldado", las cuales funcionaban como órdenes inapelables”, subraya el expediente.
