Para muchos, el Ministerio Público ha puesto como bala de cañón, a profesoras y a algunas autoridades administrativas de la institución.
Stephora tenía 4 años estudiando en el Instituto Leonardo Da Vinci, allí también trabajan las 4 personas que hoy procesa el Ministerio Público por homicidio involuntario, negligencia extrema y otros delitos.
Sin embargo, el gran ausente en la solicitud de medida de coerción del órgano acusador es el centro educativo, a pesar de que en la solicitud de coerción se menciona en 6 ocasiones el Colegio Leonardo Da Vinci; en 4, Instituto Leonardo Da Vinci y en 39 ocasiones la palabra colegio, en el total de 39 páginas que tiene el documento de medida de coerción.
el colegio
En el expediente figuran programas académicos, lista de niños que tenían la autorización para bañarse y figura una resolución del 31 de mayo de 2025, en la que se establece que el presidente de la Asociación Leonardo Da Vinci es Eduardo Rafael Estévez Bretón; la vicepresidenta es Ingrid Josefina Díaz Gatón; tesorero Juan Luis Bojos Bisonó; secretario de Actas Arístides José Trejo Liranzo; secretario de Administración Eduardo Aurelio Antuñano Peralta; secretario de Organización Pablo Virgilio Peña Peralta; secretario de Relaciones Públicas Pablo Antonio Guillermo Mendoza; y los suplentes Frank Félix Rodríguez Camacho y Rosaura Magdalena Inoa Sánchez.
Pero en el documento ninguno de estos nombres aparecen, ni tampoco se establece una responsabilidad jurídica con relación al colegio, a pesar que de acuerdo a la ley, tiene el deber de cuidar y es quien mediante el contrato que se firma con las familias para el ingreso de los estudiantes,se compromete a garantizar y resguardar la seguridad de los mismos.
Para muchos, el Ministerio Público ha puesto como bala de cañón, a las profesoras y a algunas autoridades administrativas de la institución en el banquillo de los acusados; sin embargo, a la persona jurídica del colegio no se ha establecido ningún tipo de responsabilidad.
menores
En el caso de los menores que figuran en el video y que no prestaron la atención ni el socorro a Stephora, el Ministerio Público tampoco contempló que estos fueran interrogados, ni su testimonio fuera incorporado al expediente, mucho menos se pensó en incorporarlos al proceso judicial.
¿Quién llamó añ 911?
El Ministerio Público establece que se llamó al 911; sin embargo, no especifica si la llamada provino del teléfono de un adulto, o si fue de uno de los menores que estaban en la excursión.
“Esta es la cuarta vez que se realizan este tipo de actividades”, señala Miguel Valdemar, abogado de la familia de Stephora, quien a su vez asegura que todas se llevaron a cabo bajo el mismo esquema: sin señalizaciones adecuadas, sin botiquines disponibles, sin chalecos y sin salvavidas.
Valdemar afirma que el centro educativo tenía por costumbre organizar actividades extracurriculares en la Hacienda Los Caballos, un lugar que ya había sido escenario de salidas estudiantiles en al menos tres ocasiones anteriores.
Pese a este señalamiento por parte del abogado, en el expediente del Ministerio Público no aparecen registradas las salidas anteriores, vacío que refleja la ausencia de fiscalización por un Ministerio de Educación, que no se ha pronunciado al respecto.
pruebas incompletas
Por otro lado, el abogado se mostró preocupado por la falta de pruebas ofrecidas, ya que solo se pudieron observar dos grabaciones de las más de 12 cámaras que funcionaban al momento del deceso. “Solo pudimos observar dos grabaciones, a la espera de saber que ha sucedido con las demás”.
El mismo enfatiza que el video de las grabaciones se corta abruptamente y no se tiene fílmica de lo sucedido durante las 4 horas que transcurren desde el momento del deceso hasta que se realiza el levantamiento del cadáver.
negligencia clara
Valdemar asegura que en el audiovisual se escucha claramente, que una estudiante del centro solicita a las maestras llamar al 911, la cual se negó a corresponder. Luego de esto se le acerca un señor al parecer de mantenimiento por parte de la hacienda y les pide que llamen a emergencias y la maestra se vuelve a negar, respondiendo que debían esperar las indicaciones de la directora, ante esto, es una alumna quien procede a realizar la llamada con su celular.
lo que sigue
Valdemar también adelantó que interpondrá una querella contra el presidente de la Asociación Leonardo Da Vinci Inc., entidad que administra el centro educativo y que, esta figura tampoco ha sido llamada por la justicia, concluyó.
El deceso según la defensa de Stephora
De acuerdo a Miguel Valdemar, abogado de la familia de Stephora, pudieron comprobar que el video de 2 de las cámaras de seguridad de la hacienda, que contiene el expediente de solicitud de medida de coerción del MP, “está íntegro”, es decir, que no fue editado ni cortado.
Los videos que fueon entregados a los abogados, muestran “un hecho desgarrador”. Valdemar explica que en el audiovisual se observa la niña Stephora rodeada de niños de diversas edades adentrarse a la piscina, que mide más de 6 pies de profundidad, de construcción antigua y con un desnivel no señalizado.
Al adentrase, la niña cae en lo más profundo y comienza a gritar. Las cámaras captan sus gritos desgarradores. Frente a Stephora se encontraban seis niños, quienes la señalaban sin dar voz de alerta, dejando que se ahogue y retirándose a otro lugar de la piscina.
Mientras esto sucede, de acuerdo a Valdemar, una maestra, (que se encuentra privada de libertad), pasa por el lado donde se estaba ahogando la niña, usando un celular y aunque la niña grita y levanta la mano, esta no mira hacia ella.
Aseguran además que las cámaras muestran que la niña dura 30 minutos sumergida y que tres niños distintos a los que estaban viéndola ahogar, al verla comenzaron a halarla y al percatarse de que no reaccionaba, gritaron alertando a las maestras y es cuando estas se acercan.
Abogado
Ausencia de implicados
Autorización.
Se desconoce si el colegio contaba con las autorizaciones correspondientes por parte de las autoridades educativas para realizar esas excursiones previas. Valdemar asegura que el director académico del colegio admite que dicha práctica está prohibida por el Ministerio de Educación y que, aun así, llevaban a cabo las mismas. “Entre los imputados no se encuentra el director académico del centro de estudio, quien era la persona al tanto de que este tipo de actividades están penalizadas y aun así lo hicieron”, añade el abogado.
“Quien sabía que estas actividades estaban penalizadas era precisamente la persona que no ha sido incluida en el proceso”, recalcó.
