El gremio también condenó las agresiones perpetradas contra dos periodistas mientras cubrían un incidente a comienzo de este mes
El Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) cuestionó la decisión de la jueza del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Patricia Padilla, quien impuso medidas cautelares contra el comunicador y líder comunitario Ramón Miguel Gutiérrez Jerez y Joan René Santana, tras una acusación por presunta difamación, injuria y calumnia interpuesta por el exdirector de la Policía Nacional, Ramón Antonio Guzmán Peralta.
Durante una rueda de prensa realizada en la sede del CDP, su presidente, Luis Pérez, calificó la decisión judicial como una “extralimitación” y un “abuso de poder”, al considerar que viola los principios de la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo.
Pérez deploró que la magistrada impusiera a Gutiérrez el pago de una garantía económica de RD$500 mil, presentación periódica e impedimento de salida. En tanto, a Santana se le ordenó presentación periódica ante el tribunal.
Asimismo, señaló que se obligó a Gutiérrez a pagar una garantía económica para salir del arresto preventivo sin que se haya emitido una sentencia, prevista para el 22 de marzo, lo que a su juicio vulnera derechos fundamentales. Por ello, dijo que una vez notificada formalmente la decisión, apelarán para que sea revisada y corregida.
Explicó que el caso se originó cuando Gutiérrez divulgó los resultados de una auditoría a la gestión de Guzmán Peralta en la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, en la que se habrían detectado irregularidades por unos RD$441 millones, relacionadas con compras, pagos y contrataciones sin los debidos procedimientos.
Agregó que la denuncia fue remitida al presidente Luis Abinader, al procurador adjunto Wilson Camacho y a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, encabezada por Mirna Ortiz.
Mientras, Olivo de León, llamó a los medios de comunicación y a la sociedad a reflexionar sobre el impacto de estas decisiones en la libertad de expresión, advirtiendo sobre el uso del poder sin considerar las consecuencias sobre derechos fundamentales.
