Sus ejecutivos aseguran que el daño económico contra la marca es considerable
La empresa Petromovil defendió ayer la calidad de los hidrocarburos que despacha en sus estaciones de combustible y presentó informes de evaluaciones realizadas por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), los cuales, según asegura, avalan el cumplimiento de los parámetros de calidad.
Según sus ejecutivos, los datos de esos reportes habrían sido "manipulados intencionalmente" por el creador de contenido Jefte Ventura como parte de una supuesta campaña sistemática de descrédito contra la marca, que ha causado daños económicos aún no cuantificados.
La empresa afirmó que las acciones legales emprendidas contra Ventura no buscan coartar la libertad de expresión, sino proteger su honra, reputación y actividad comercial, ante "la persistencia de estas difamaciones, el constante asedio y las provocaciones al personal en las estaciones".
El vicepresidente ejecutivo de la compañía, Yuri G. Puello Pratt, explicó que las mediciones oficiales reflejan que el 90 % de sus estaciones presenta un octanaje en la gasolina prémium por encima de los 95 exigidos por las normas. En el 10 % restante, indicó, los valores se situaban ligeramente por debajo, lo que, según sostuvo, debe redondearse a 95.
"El MICM, en su metodología oficial y de evaluación, establece que los valores de octanaje deben ser redondeados conforme a criterios técnicos normalizados. Aplicando dicho criterio, el valor de 94.6 se redondea a 95, alcanzando el umbral mínimo requerido. Por esta razón, Petromovil figura dentro de los registros oficiales del MICM en todos los informes que han publicado, que cumplen con la normativa vigente", argumentó.
Respecto al color amarillo detectado en algunas bombas, afirmó que esta característica no es indicativa de calidad. Para sustentar esto, presentó una comunicación de la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa), cuyo laboratorio certificó que el combustible cumplía con las especificaciones de venta.
Puello garantizó la calidad del producto en el 100 % de las estaciones y aclaró que todo el combustible proviene de Refidomsa, ya que la empresa no importa hidrocarburos, aunque cuenta con la licencia para hacerlo.
Durante una rueda de prensa celebrada en el Hotel Holiday Inn, en la avenida Abraham Lincoln, los ejecutivos proyectaron un video en el que Ventura relata que sostuvo un encuentro con el propietario de estaciones en La Altagracia para solicitar patrocinio para sus canales digitales, y que este le habría advertido sobre posibles consecuencias.
A partir de ese momento, según el abogado Gabriel Brugal Villanueva, se habrían iniciado los ataques, motivados por la negativa de apoyo económico solicitado para la adquisición de equipos.
Sobre la presencia de camiones de Petromovil en supuestas estaciones clandestinas, Puello explicó que se trata de depósitos de empresas de transporte de carga y pasajeros, a las que se les suministra gasoil subsidiado por el Gobierno. Indicó que la administración de ese combustible es responsabilidad de esas compañías y que su venta al público está prohibida, siendo el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles (Ceccom) la entidad encargada de supervisarlo.
"Definitivamente, esto es una burbuja. Aún no se puede determinar con certeza el daño que nos ha causado en este momento. Por eso estamos en un proceso legal y apelamos al buen periodismo de la República Dominicana", expresó.
El abogado Brugal afirmó que la empresa enfrenta dificultades para obtener un resarcimiento económico, debido a la magnitud de la supuesta campaña de difamación.
Medida de coerción
Al creador de contenido se le impuso una medida de coerción consistente en una fianza de un millón de pesos, impedimento de salida del país, presentación periódica y una orden de alejamiento de 1,000 metros respecto a la empresa.
Ventura ha cuestionado esta medida, alegando que su negocio se encuentra cerca de una de las estaciones, lo que limitaría su movilidad. No obstante, Brugal señaló que el imputado no planteó esa situación durante el proceso.
"La decisión fue adoptada por un juez competente y busca garantizar el desarrollo del proceso, la presencia de las partes y evitar cualquier situación que pueda escalar", indicó.
Según la versión de la empresa, durante un año intentaron conciliar con el acusado, sin éxito, debido a su inasistencia a reuniones y a una actitud que calificaron como desafiante.
Ventura estuvo bajo arresto en Higüey mientras pagaba la fianza. Su abogado Yan Carlos Martínez Segura cuestionó la detención ya que trata de un delito menor y advirtió que sancionar la difusión del informe podría constituir "censura indirecta que amenaza no solo a Jefte Ventura, sino a cada periodista, comunicador y ciudadano que ejerza su derecho a informar sobre asuntos de interés público".
Libertad de expresión y acusaciones
La abogada Emery Colomby Rodríguez leyó un documento institucional en el que Petromovil reiteró que sus acciones legales no constituyen un ataque a la libertad de prensa.
"No constituyen un ataque a la libertad de prensa ni a la libertad de expresión, sino una respuesta necesaria ante el ejercicio abusivo y malintencionado del señor Jefte Ventura en el uso de plataformas digitales", expresó.
Agregó que tanto la jurisprudencia dominicana como los tratados internacionales establecen que el derecho a informar no es absoluto y no ampara la difusión de información falsa o manipulada.
Denuncias de acoso
Petromovil denunció que el señor Ventura visitó algunas de sus estaciones de servicio para grabar contenidos audiovisuales en los que afirmaba, sin evidencias, la supuesta comercialización de combustible alterado, exhortando incluso a consumidores a no adquirir productos de la empresa, en desmedro de sus ejecutivos, de sus más de 500 empleados directos y más de 2,000 indirectos.
Petromovil también señaló la existencia de evidencia pública en la que el propio Ventura, tanto ante un juez como en sus redes sociales, reconoce haber intentado obtener colaboración económica de empresas vinculadas al grupo.
Este hecho, según la compañía, genera serias interrogantes sobre el propósito real de sus actuaciones.
En ese sentido, la compañía recordó que el ordenamiento jurídico dominicano contempla sanciones frente a conductas de difamación, chantaje, extorsión y afectación de la reputación y honra de personas o instituciones mediante medios digitales, conforme a la Constitución de la República, el Código Penal en sus artículos 367, 371 y 373, la Ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento y la Ley No. 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
"Lo ocurrido no es un ejercicio responsable del periodismo ni de la comunicación, sino una serie de acciones orientadas a generar daño reputacional con fines particulares", expresó la empresa en su comunicado.
Petromovil enfatizó que toda persona o institución tiene el derecho legítimo de recurrir a los tribunales cuando se siente afectada en lo moral, económico o reputacional. En este caso, indicó, el tribunal competente encontró méritos suficientes para dar curso a un proceso penal e imponer medidas de coerción contra el imputado.
