El abogado José Mejía sostuvo que el tribunal impuso la medida por el riesgo de que el oficial, con más de 35 años en la Policía Nacional y experiencia como auxiliar del Ministerio Público, pueda influir en el curso de las pesquisas. La querella pidió investigar a todos los integrantes de la patrulla del operativo.
El abogado Josue Antonio García, representante legal de la joven que habría sido agredida por el coronel de la Policía Nacional, Fausto Madé Ramírez, informó este martes que un juez ordenó tres meses de prisión preventiva contra el agente, medida que —según sus declaraciones— deberá cumplirse en el Centro de Operaciones Especiales de La Palma.
“En el día de hoy, el juez entendió la magnitud de este caso y corroboró lo que esta defensa le planteó”, expresó García al ser consultado por una periodista, tras la audiencia en la que se conoció la medida de coerción.
Ante una pregunta sobre el peso de las evidencias presentadas por la defensa, el abogado afirmó que fueron “muy importantes” dentro del proceso. En ese sentido, sostuvo que el tribunal valoró “el daño y la peligrosidad” que, a su juicio, representaría el coronel si se mantuviera en libertad, argumento que —dijo— influyó en la decisión judicial.
García también se refirió al estado de la presunta víctima, a quien describió como una “joven agredida” y “vilmente abusada”, señalando que se encontraba “en un estado de hipertensión”. Según su versión, la medida busca resguardar la “integridad física” de la joven.
Además, el abogado indicó que durante la jornada se conoció una querella en constitución de las cosas civiles, la cual —afirmó— es representada por su equipo legal.
Hasta el momento, en las declaraciones ofrecidas no se incluyeron detalles adicionales sobre los hechos ni sobre los argumentos de la contraparte.
De su lado, el abogado José Mejía explicó que la decisión de enviar a prisión preventiva al coronel Madé respondió, principalmente, a consideraciones sobre su trayectoria y su eventual capacidad de incidir en el proceso investigativo.
Según Mejía, el tribunal valoró que Madé es un oficial de la Policía Nacional con “más de treinta y cinco años de servicio” y que, en el marco de sus funciones, ha actuado “en varias ocasiones” como auxiliar del Ministerio Público para investigar y dirigir indagatorias “a cargo y a descargo del mismo Ministerio Público”.
En ese sentido, el abogado señaló que la querella ha planteado la existencia de “más implicados” y de otras personas vinculadas al caso, que deberán ser incorporadas a una investigación que —indicó— el Ministerio Público “ya ha iniciado” y continuará desarrollando con apoyo de la Policía Nacional. Para la parte querellante, esa circunstancia abre la posibilidad de que el coronel Madé “podría incidir o no en el transcurso de la investigación”, lo que habría sido determinante en la motivación del tribunal al imponer la medida cautelar.
Consultado por una periodista sobre si también se querellarán contra los integrantes de la patrulla, Mejía respondió afirmativamente y remarcó que la defensa ha presentado “proposiciones de diligencia” solicitando una “investigación exhaustiva” para que todos los miembros que participaron en la patrulla en la que estaba el coronel —a quien identificó como el oficial de mayor rango en el operativo— sean puestos bajo investigación.
El abogado añadió que, si los miembros de la patrulla se someten a las diligencias de forma voluntaria, “mejor”, y sostuvo que tienen conocimiento de que ya se han estado ubicando a algunos. Afirmó que, cuando el Ministerio Público reúna “suficientes elementos de prueba” para proceder, también se avanzará en querellas en contra de esos otros integrantes.
Mejía insistió en que el objetivo de la querella es que se esclarezcan los hechos y se amplíe el alcance de la investigación a todos los posibles involucrados, en función de los resultados que vaya arrojando el proceso.
