El PRM presenta ante comisión especial las claves de un proyecto que busca cerrarle la puerta al crimen organizado en la política dominicana.
Santo Domingo, 7 de abril de 2026.— El presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, participó hoy la primera sesión de la comisión especial del Senado de la República que estudia el proyecto de ley para la integridad, el control del financiamiento y la prevención de la infiltración de personas y recursos vinculados a actividades ilícitas en la política. La pieza fue sometida al Congreso por dicha organización política a inicios del pasado mes de marzo.
Durante el encuentro, Paliza presentó los fundamentos de la iniciativa legislativa, que busca modificar la Ley núm. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, con el propósito de fortalecer la transparencia y la legalidad del sistema de financiamiento político en la República Dominicana.
La propuesta establece que los partidos deberán implementar programas internos de cumplimiento normativo (compliance), unidades de auditoría interna y procedimientos de debida diligencia para verificar el origen de los fondos recibidos. Asimismo, quienes aspiren a candidaturas deberán presentar prueba antidoping, certificaciones de no antecedentes penales de los países donde hayan residido en los últimos quince años, y declaración jurada de patrimonio.
Paliza subrayó que el objetivo central de la iniciativa es dotar a los partidos políticos de herramientas legales efectivas para que el dinero fácil y el crimen organizado no determinen los resultados electorales. “Las organizaciones políticas necesitan la autoridad y los mecanismos para filtrar y verificar a quienes aspiran a representar al pueblo”, sostuvo.
Durante el intercambio con los senadores miembros de la comisión, se debatió el equilibrio entre las medidas preventivas contempladas en el proyecto y el derecho constitucional a la participación política, acordándose que cualquier decisión de inadmisibilidad o exclusión de candidaturas debe estar sujeta al debido proceso y a la supervisión del Tribunal Superior Electoral, para evitar que los mecanismos de integridad sean utilizados con fines de persecución política.
La iniciativa, que cuenta con el respaldo de decenas de senadores, aspira a modernizar el marco jurídico electoral dominicano, alineándolo con los estándares internacionales en materia de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y combate a la criminalidad organizada, en cumplimiento de los compromisos adquiridos por la República Dominicana ante la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
