Santo Domingo.– La Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA) denunció este miércoles que su presidente, Tito Hernández, tuvo que ser trasladado para recibir atenciones médicas luego de resultar afectado por los gases lacrimógenos lanzados durante una protesta que el gremio realizaba de forma pacífica en las inmediaciones del Palacio Nacional.
La marcha, que partiría desde el Parque Independencia, tenía como objetivo reclamar al Gobierno pensiones para más de 1,500 profesionales agropecuarios, aumentos salariales, mejoras en las pensiones existentes y la reposición de más de 350 técnicos cancelados.
Juan Francisco Caraballo, secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de la ANPA, aseguró que la respuesta de las autoridades a los reclamos del gremio fue la represión.
“La única respuesta fue esa acción violenta de tirar la bomba lacrimógena, de provocar que muchos de los profesionales hoy estén como nuestro presidente de la ANPA, Tito Hernández, que va camino a un centro especializado de salud para darle seguimiento a la situación que enfrenta luego de los efectos de la bomba lacrimógena”, manifestó.
Caraballo sostuvo que la organización lleva años reclamando soluciones para cientos de profesionales que, según afirmó, cumplen con los requisitos para ser pensionados y continúan laborando en condiciones precarias.
“Estamos demandando las pensiones para más de 1,500 profesionales, el aumento de la pensión para más de 700 compañeros, la reposición de más de 350 técnicos cancelados y un aumento salarial para los profesionales agropecuarios, cuya situación económica no les permite vivir dignamente”, expresó.
La situación también afectó a otros participantes de la manifestación. Aridio González relató que sufrió los efectos directos de los gases lacrimógenos.
“Me cayó gas picante y de todo. Estoy casi mareado, ya yo no aguanto”, dijo mientras mostraba irritaciones en uno de sus brazos.
Por su parte, Manuel Velázquez, secretario de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional de la ANPA, afirmó que la protesta se desarrollaba de manera pacífica y que la mayoría de los participantes eran personas de avanzada edad.
“Nosotros vinimos aquí de una forma pacífica. Usted nada más tiene que ver los rostros que hay aquí; son personas que pasan de los 60 años. Lo único que le hemos pedido al Gobierno es una pensión para más de 1,500 profesionales agropecuarios que se nos están muriendo en sus casas y hospitales”, expresó.
Velázquez también reiteró la exigencia de un aumento salarial que eleve el salario mínimo del sector a 50 mil pesos y la reincorporación de más de 350 profesionales cancelados desde 2020.
Entre los manifestantes también estuvo Luis Alciel, quien aseguró que muchos profesionales agropecuarios envejecen sin poder cubrir sus necesidades básicas.
“Tenemos 70 y 75 años de edad. Nos estamos muriendo en las casas. El que no se muere de hambre, se muere por enfermedad, porque no tenemos con qué cubrir nuestras enfermedades con el salario que estamos ganando”, declaró.
Alciel afirmó que las pensiones reclamadas “no son un regalo”, sino un derecho adquirido tras décadas de servicio en el sector agropecuario.
Mientras que Benigno Toribio, presidente de la delegación noroeste de la ANPA, responsabilizó públicamente al Gobierno, a la Policía Nacional y a las autoridades de cualquier situación que pueda afectar a Tito Hernández o a los demás miembros del gremio.
“Quiero responsabilizar al gobierno de Luis Abinader, al jefe de la Policía y a todos sus funcionarios de lo que pueda pasar con nosotros los agrónomos y especialmente con el presidente de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios, Tito Hernández”, afirmó.
Toribio aseguró que la organización continuará con su plan de lucha hasta obtener respuestas a sus demandas y anunció nuevas jornadas de protesta para los próximos días.
La ANPA informó que, tras los incidentes registrados durante la movilización, acordó incrementar sus acciones de protesta a partir de la próxima semana, con manifestaciones diarias en reclamo de pensiones, aumentos salariales y la reposición de técnicos desvinculados del sector agropecuario.
