Santo Domingo.- Un grupo de Organizaciones de la Sociedad Civil ven necesario contar con los elementos necesarios para normal el financiamiento de los partidos políticos, los candidatos y precandidatos a cargos electivos.
Explicaron que el financiamiento político sin control es la puerta de entrada para establecer esquemas de lavado de activos, condicionando su funcionamiento y capturando las estructuras del Estado, penetrándolas para facilitar la actividad del narcotráfico y el crimen, deformando la competencia electoral, la representación y desmantelando el sistema democrático y los cimientos del Estado social democrático de derechos.
Señalan además, que recientes incidentes en los que se ha visto admisiones por parte de miembros de partidos políticos del uso de fondos provenientes del soborno para la financiación de sus campañas y hasta la extradición de miembros del Congreso Nacional para comparecer ante la justicia de los Estados Unidos por cargos de narcotráfico, demuestran que fondos de fuentes ilícitas han penetrado y corrompido el sistema político dominicano.
En carta entregada al Ministro de Hacienda, José Manuel Vicente, solicitaron formalmente que el Comité Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, dicte el reglamento correspondiente para incluir a los partidos y agrupaciones políticas como sujetos obligados, así como a candidatos y precandidatos a cargos electivos, a fin de que los mismos estén en la obligación de adoptar un programa de cumplimiento, políticas y procedimientos para evaluar los riesgos de lavado de activos, implementar metodologías de gestión de riesgo, realizar el monitoreo y los procesos de debida diligencia, designar oficiales de cumplimiento y cumplir con las demás obligaciones que establece la ley.
Según el artículo 33 de la la Ley 155-17, que regula la materia, se establece que “Reglamentariamente, el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos podrá incluir como sujetos obligados, a quienes realicen otras actividades no incluidas en la presente ley y que se consideren que presenten riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y, como tal, deban contar con mitigadores para impedir que sean utilizadas para dichas actividades ilícitas.”
Entre las organizaciones firmantes se encuentran el Centro Juan XXIII, Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Fundación Masada, Santiago Somos Todos, Ciudad Alternativa, Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) y Participación Ciudadana.
