La ley golpea a los grandes empresarios y aumenta los montos de los pagos
El presidente Luis Abinader promulgó la modificación a la ley de residuos sólidos que el Congreso aprobó al vapor, una normativa que multiplica los pagos que deben hacer las empresas por los desechos, incluso aquellas que no reporten ninguna ganancia.
A través de una carta enviada el 9 de julio al Senado, el consultor jurídico de la Presidencia, Jorge Subero Isa, confirmó que la ley fue numerada con el código 36-26 y que entró en vigor desde el mismo momento en que fue promulgada.
La nueva legislación modifica la escala de contribuciones que deben pagar las empresas de acuerdo con sus ingresos brutos anuales.
Uno de los cambios amplía el primer tramo de contribución. Antes, solo las empresas con ingresos de hasta un millón de pesos pagaban 3,000 pesos al año. Con la nueva ley, el texto específico que las compañías con ingresos de cero hasta cinco millones deberán pagar 5,000 pesos.
El caso del mayor aumento golpea y multiplica el aporte de los grandes empresarios con ingresos superiores a los 100 millones de pesos.
La nueva legislación elimina la tarifa única de 675,000 pesos y establece una escala progresiva de contribuciones que va desde 400,000 hasta 2.2 millones de pesos, dependiendo del nivel de ingresos.
Los pagos
En el siguiente tramo, las empresas con ingresos de entre cinco y diez millones de pesos mantendrán una contribución de 6,000 pesos. Sin embargo, para las compañías con ingresos de entre 10 y 25 millones de pesos, el pago aumenta de 20,000 a 25,000 pesos.
La ley también modifica las contribuciones de las empresas de mayores ingresos. Las que facturan entre 25 y 50 millones de pesos pasarán de pagar 155,000 a 90,000 pesos, mientras que las ubicadas entre 50 y 80 millones de pesos deberán aportar 120,000 pesos, en lugar de los 260,000 establecidos anteriormente para el rango de 50 a 100 millones.
Cuestionamientos del sector empresarial
Antes de la promulgación de la ley, el proyecto ya había generado críticas entre organizaciones empresariales, que cuestionaron tanto el contenido de la reforma como la rapidez con que fue aprobada en el Congreso.
El vicepresidente ejecutivo de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AmchamDR), William Malamud, sostuvo que las reformas con impacto sobre la competitividad, la sostenibilidad y el clima de inversión deben discutirse con mayor tiempo y mediante procesos participativos sustentados en evidencia.
Por su parte, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Celso Juan Marranzini, afirmó que la medida resulta difícil de comprender en el contexto actual, al considerar que incrementa la carga para empresas y consumidores, quienes ya enfrentan mayores retenciones derivadas de las recientes medidas económicas.
Marranzini indicó, además, que el empresariado mantiene inquietudes sobre el destino de los recursos que se recaudarán, la justificación de los nuevos montos, los mecanismos de transparencia para su administración y la ausencia de consultas tanto con el sector privado como con el fideicomiso DO Sostenible, entidad encargada de recibir y administrar esos fondos.
A esas preocupaciones se sumó la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), que manifestó que la reforma requiere una revisión técnica más amplia y un proceso de diálogo con los sectores productivos antes de su aplicación.
Al vapor
La ley, que mientras fue proyecto fue depositada por el senador Antonio Marte, fue criticada porque fue aprobada en las dos cámaras congresuales bajo un procedimiento de urgencia y en dos sesiones consecutivas tras agotar un trámite de apenas cinco días en el Congreso y sin estudios previos en comisiones.
