La entrada en vigor de la ley está prevista para el 3 de agosto
Crean una Comisión para su Seguimiento y Socialización
Después de más de veinte años de debates, proyectos frustrados, observaciones presidenciales, modificaciones legislativas y controversias jurídicas, la República Dominicana estrenará el próximo lunes 3 de agosto un nuevo Código Penal que sustituirá la legislación vigente desde 1884 e introducirá una amplia actualización del régimen sancionador del país.
La entrada en vigor se producirá al concluir el período de vacatio legis de doce meses dispuesto tras la promulgación de la Ley 74-25 por el presidente Luis Abinader el 3 de agosto de 2025, con el propósito de que jueces, fiscales, policías y demás operadores del sistema de justicia adaptaran sus procedimientos y recibieran capacitación sobre el nuevo marco jurídico.
Un trayecto tumultoso
La reforma incorpora figuras delictivas acordes con la realidad contemporánea y modifica aspectos relacionados con la difamación, el hostigamiento cibernético y la responsabilidad penal de las personas, entre otras materias.
- Sin embargo, el camino hasta su implementación estuvo lejos de ser sencillo. Durante más de dos décadas, distintos proyectos fueron conocidos por el Congreso Nacional sin lograr el consenso necesario. Algunos perimieron al concluir las legislaturas; otros fueron aprobados y posteriormente objeto de observaciones del Poder Ejecutivo, mientras que uno de los proyectos aprobados fue parcialmente anulado por el Tribunal Constitucional.
Tras ese periplo, el nuevo Código Penal fue finalmente aprobado a finales de julio de 2025 y promulgado el 3 de agosto de ese mismo año. Pero lejos de cerrarse con la promulgación de la ley y el establecimiento de un período de transición, el debate continuó durante el año. Organizaciones sociales, gremios profesionales, juristas y representantes de distintos sectores cuestionaron modificaciones introducidas a la pieza, especialmente en temas como la libertad de expresión, la responsabilidad médica, la difamación y el aborto. Incluso, las diferencias se trasladaron a las calles con manifestaciones como la realizada el pasado 9 de julio en la Plaza de la Bandera.
Propuestas, debates y aprobación
Ante esas críticas, el Congreso Nacional abrió un proceso para recibir propuestas de modificación. Entre las iniciativas figuró una solicitud para extender seis meses la entrada en vigencia del nuevo Código con el fin de revisar artículos considerados contradictorios o susceptibles de cuestionamientos constitucionales. La propuesta no prosperó y la mayoría legislativa optó por mantener el calendario originalmente previsto.
Como parte de esa revisión, el Poder Legislativo creó una comisión bicameral y una subcomisión, las cuales analizaron durante cuatro días más de 90 propuestas presentadas por el Poder Ejecutivo, instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil, gremios y especialistas en derecho. Un total de 40 modificaciones fueron aprobadas por el Congreso el 22 de julio. Posteriormente, el lunes 27 de julio, el presidente Abinader promulgó las modificaciones introducidas a la ley.
Con la entrada en vigor del Código Penal, prevista para este 3 de agosto, concluirá la vigencia de una legislación con más de 140 años de historia. No obstante, las diferencias que aún persisten sobre varios de los artículos del nuevo código anticipan que el debate jurídico y político continuará mucho después de iniciado su proceso de aplicación.
Comisión de Seguimiento
Junto con la promulgación de esas reformas, el mandatario creó la Comisión de Seguimiento y Socialización del Código Penal, presidida por el expresidente del Tribunal Constitucional Milton Ray Guevara, e integrada por los juristas Leyda Margarita Piña Medrano, Pedro Balbuena, Ricardo Rojas León, Julio César Castaños Guzmán, Luz Díaz, José Lorenzo Fermín, Eduardo Jorge Prats y Alejandro Moscoso Segarra, así como el presidente fundador de Diario Libre, Aníbal de Castro, y el director de El Nuevo Diario, Persio Maldonado.
El organismo tendrá la responsabilidad de coordinar la divulgación de la nueva legislación, acompañar su implementación y recomendar futuras modificaciones a partir de la experiencia que genere su aplicación.
