El nuevo recinto ocupará una extensión de 68,000 metros cuadrados y requerirá una inversión de RD$1,000 millones
La construcción del nuevo Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Barahona, anunciada por el Gobierno el pasado 10 de julio a través del Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed), ha generado posiciones encontradas entre dirigentes comunitarios y autoridades del distrito municipal de Canoa.
El proyecto, que busca sustituir el viejo modelo de la cárcel pública de Barahona, será levantado en terrenos ubicados entre las comunidades de Canoa y Bombita, con una inversión estimada en 1,000 millones.
El nuevo recinto ocupará una extensión de 68,000 metros cuadrados, con 23,718.35 metros cuadrados de infraestructura y capacidad para albergar a unos 800 internos.
- El diseño contempla áreas de control y operación, oficinas administrativas, garita de seguridad, siete torres de vigilancia, pabellones para internos de seguridad media y máxima, alojamiento VTP, módulos especiales y celdas conyugales.
También contará con aulas formativas, biblioteca, talleres, área de granja, comedor, tres canchas deportivas, estacionamientos, áreas de servicios y terminales para autobuses.
Oposición en Canoa
El dirigente comunitario Eimel Antonio Reyes de León, conocido como El Cívico, afirmó que sectores organizados de Canoa se oponen al proyecto y cuestionó el procedimiento utilizado por las autoridades para su construcción.
Reyes de León sostuvo que, a su entender, se ha violado la Ley 176-07 sobre los municipios, debido a que el cabildo debería conocer y aprobar los proyectos que se ejecuten en su territorio.
También cuestionó que no se haya realizado, según dijo, una consulta suficiente con la comunidad sobre el impacto ambiental y social que tendría el centro penitenciario.
"¿Por qué Canoa tiene tanta prioridad para que se realice ese proyecto?", cuestionó el dirigente, al señalar que la comunidad carece de obras que considera prioritarias, entre ellas un parque, un estadio, una clínica y otras infraestructuras.
Propuso que los terrenos sean utilizados para construir un centro de formación tecnológica, al señalar que existe un ITLA aprobado para la zona, pero que no dispone de un espacio adecuado para su instalación.
- El dirigente comunitario afirmó que aproximadamente el 90 % de los residentes de Canoa se opone al proyecto y que el 10 % restante estaría a favor, alegadamente porque algunos son empleados del Estado.
Reyes de León dijo que la oposición forma parte del movimiento social Canoa Despierta, junto a los profesores Gregorio González, Robert Dotel, Daniel Rodríguez, Camila González y Luciano Méndez González.
Asimismo, sostuvo que la comunidad ha sido históricamente marginada y reclamó que se atiendan otras necesidades antes de construir un centro penitenciario.
Director de la junta municipal respalda proyecto
En contraste, el director de la Junta Municipal de Canoa, José Pérez, aseguró que más del 80 % de la población de esa comunidad respalda la construcción del nuevo centro.
"Yo, como ciudadano, no como síndico, apoyo al 100 % esa obra que va a construir el Gobierno", afirmó.
Pérez consideró que la instalación del centro traerá mayores niveles de seguridad a Canoa, Bombita y comunidades cercanas, debido a la presencia permanente de agentes policiales, cámaras de vigilancia, iluminación y patrullaje.
También destacó el impacto económico que tendría la obra durante su construcción y posteriormente con las operaciones del recinto.
Según explicó, el proyecto generará empleos, aumentará el movimiento del transporte y dinamizará actividades comerciales de la zona.
El funcionario rechazó los argumentos de quienes sostienen que el centro podría aumentar la drogadicción, la inseguridad o el libertinaje, y los invitó a visitar otros centros penitenciarios modernos para conocer su funcionamiento antes de emitir una opinión.
Puso como ejemplo el Centro de Corrección y Rehabilitación para Mujeres de Baní, ubicado en una zona urbana y que, según afirmó, no genera los problemas señalados por los opositores.
Onaprep asegura que el proyecto cuenta con respaldo
Mientras tanto, Praede Olivero Féliz, coordinador de la Oficina de Apoyo a la Reforma Penitenciaria (Onaprep) en la región Sur y asesor de la Dirección General de Prisiones y Servicios Penitenciarios (Dgpsp), afirmó que se reunió con líderes comunitarios de Bombita y Canoa, incluyendo al director de la junta municipal, y que todos respaldaron inicialmente la construcción.
Explicó que está pendiente un encuentro entre la Onaprep y la comunidad de Canoa, actividad que no se ha realizado debido a que Roberto Santana, quien participaría en el encuentro, se enfermó.
Olivero Féliz calificó de "extraño" que algunos sectores se opongan al proyecto y consideró que podrían existir intereses políticos y electorales detrás de determinadas posiciones.
Sostuvo que en otras comunidades del país donde se han construido centros de este tipo se ha producido un impulso al desarrollo local.
- También recordó que, antes del primer picazo, residentes de Canoa se comunicaban para solicitar que en la valla del proyecto se colocara el nombre de esa comunidad en lugar de Palo Alto, debido a que originalmente el proyecto había sido planificado para ese lugar.
A su juicio, algunos dirigentes políticos, tanto oficialistas como opositores, estarían utilizando la construcción del centro para reclamar obras para Canoa, demandas que considera legítimas, pero que no deberían utilizarse para rechazar el proyecto penitenciario.
Olivero Féliz aseguró que la obra continuará su curso.
"Este centro, como obra de Gobierno, nadie lo puede parar. Se construirá", afirmó.
Explicó que ya fue realizado el primer picazo y que actualmente se encuentra en la etapa de estudio de suelo, para posteriormente iniciar el movimiento de tierra y levantar la infraestructura que dotará a Barahona de un nuevo Centro de Corrección y Rehabilitación.
El proyecto representa uno de los principales componentes de la reforma penitenciaria en la provincia y busca reemplazar las condiciones del antiguo recinto carcelario de Barahona por una infraestructura moderna destinada a la rehabilitación y reinserción de las personas privadas de libertad.
