
El Ministerio Público, en la solicitud de medida de coerción en contra de los implicados del caso SeNaSa 2.0-A, sostiene que los integrantes de la presunta red que habría defraudado al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) tenían acceso a información confidencial de los afiliados y sus planes de salud, datos que utilizaban para generar autorizaciones médicas fraudulentas y posteriormente reclamar el pago de servicios que no fueron realizados.






