El decreto define como programas sociales especiales a las intervenciones públicas orientadas a la provisión directa de bienes o servicios esenciales a poblaciones vulnerables, especialmente en áreas rurales deprimidas y en la zona fronteriza, vinculados a alivio de la pobreza, seguridad alimentaria, salud pública, educación, protección social y desarrollo local o territorial.
El presidente Luis Abinader, a través del decreto 672-26, dispuso que las licitaciones para la ejecución de los distintos programas especiales del Poder Ejecutivo deberá de ser dirigida “exclusivamente” a micro, pequeñas y medianas industrias (Mipymes Industriales).
