Ante la conmoción desatada, el gobierno anunció la suspensión de los desalojos de "personas vulnerables sin alternativa habitacional" hasta 2030 y la renovación automática de los contratos de alquiler cuando venzan, dos de las principales demandas de los manifestantes.
El gobierno español presentó el martes medidas para enfrentar la crisis de la vivienda, bajo la presión de las protestas por una mayor protección de los inquilinos, pero su aprobación depende ahora del Parlamento, donde el Ejecutivo de izquierdas no tiene mayoría.
