El Ministerio de Interior y Policía, junto al Comisionado Ejecutivo para la Reforma Policial, realizó en la tarde de ayer jueves, en la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA), el conversatorio ciudadano de transformación y convivencia pacífica, donde fue presentado el anteproyecto de Ley de Convivencia Ciudadana y los avances de la reforma policial.
El objetivo principal de estos encuentros en los centros universitarios y comunitarios es integrar de forma activa a jóvenes, empresarios, líderes sociales y a los propios agentes en el proceso de reforma policial y la socialización de normativas preventivas, como el recién presentado anteproyecto de Ley de Convivencia Ciudadana.
El evento, que se desarrolló en el Centro de Estudiantes de UTESA, contó con la presencia del ingeniero Frank Rodríguez González, presidente y canciller del Sistema Corporativo UTESA; la licenciada Ingrid González de Rodríguez, miembro de la Fundación de UTESA y directora del periódico La Información; María de Jesús Rodríguez González, vicecanciller de Relaciones Internacionales y consultora legal de la citada casa de estudios superiores; Rosa Santos, gobernadora provincial de Santiago, entre otras autoridades e invitados especiales.
La actividad contó, además, con la participación de dirigentes de juntas de vecinos y de otras entidades comunitarias, así como estudiantes de diferentes carreras de UTESA.
Los expositores fueron Alejandro de Jesús Abreu, presidente del Consejo Nacional de Drogas; Antonio Palmas, viceministro de Convivencia Ciudadana del Ministerio de Interior y Policía; y Luis Ernesto García Hernández, comisionado ejecutivo de la Reforma, Modernización y Transformación Policial.
Otro de los conferencistas fue el teniente coronel de la Policía Nacional Oliver Gonell, encargado del nuevo modelo de patrullaje en Santiago, establecido en esta ciudad a mediados del pasado año, quien presentó detalles sobre lo que se ha hecho en esta demarcación.
Los disertantes enfatizaron la importancia de estos encuentros con el interés de escuchar de manera directa las propuestas de la ciudadanía y los sectores académicos para lograr una transformación con legitimidad social.
En su intervención, el presidente del Consejo Nacional de Drogas compartió ideas y motivaciones en torno al proyecto de Ley de Convivencia Ciudadana, que busca establecer una convivencia pacífica, productiva y saludable.
Alejandro de Jesús Abreu dijo que la ciudadanía, en un país democrático como la República Dominicana, debe recordar que la consolidación de una sociedad de derecho pasa por su vinculación con el ejercicio consciente y pleno de la responsabilidad y el cumplimiento de los deberes.
Agregó que la Ley de Convivencia no es un proyecto más para el presidente Luis Abinader, sino una aspiración troncal de su compromiso, como estadista, con la juventud dominicana, la familia y la paz social, para seguir profundizando el crecimiento económico cada vez más incluyente y la equidad.
Mientras que Luis Ernesto García Hernández, comisionado ejecutivo para la Reforma, Modernización y Transformación Policial, presentó de manera sintetizada un informe sobre los avances de ese proceso y los logros alcanzados en ese orden.
Asimismo, sostuvo que las reformas del Estado, particularmente las relacionadas con la convivencia y la seguridad, poseen varias dimensiones, entre ellas, el proyecto de Ley de Convivencia Ciudadana, la reforma policial, la reforma al Código Penal y el procedimiento penal del Estado.
Precisó que estos son engranajes para que muchos de los problemas públicos que se viven en los barrios y en las calles tengan una intervención inteligente.
En tanto, Antonio Palmas, viceministro de Convivencia Ciudadana del Ministerio de Interior y Policía, presentó detalles del citado anteproyecto y señaló que constituye una condición esencial para la paz social, la tranquilidad pública, el ejercicio de los derechos fundamentales y el fortalecimiento del Estado social y democrático de derecho.
El anteproyecto de ley distingue entre convivencia, función policial, potestad sancionadora administrativa, mediación y persecución penal.
La ley también busca fortalecer la capacidad del Estado para incidir positivamente en el bienestar de las personas, no solo desde la óptica clásica del orden público, sino desde una visión de seguridad humana y convivencia pacífica.
Al final de la actividad, fue abierto un espacio de diálogo e intercambio para escuchar preguntas, observaciones, propuestas y otras inquietudes de los participantes.
