
La ofensiva contra la estructura criminal, vinculada al tráfico de drogas desde Colombia hacia Puerto Rico, permitió al Ministerio Público y a la DNCD ocupar bienes y valores millonarios, así como afectar su capacidad operativa y financiera.
El Ministerio Público (MP) solicitó ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del distrito judicial de La Altagracia la declaratoria de caso complejo y que se imponga la prisión preventiva, como medida de coerción, contra 22 personas arrestadas durante la Operación Rompeolas.






