Los abogados del mayor general Adán Cáceres Silvestre recusaron este viernes a la jueza Yanibet Rivas del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional durante la audiencia preliminar del caso Coral y Coral 5G, por supuesta imparcialidad y violación al derecho de defensa.
La recusación surge tras la magistrada oponerse a que la defensa técnica se refiriera a una querella y una acusación presentadas en contra Cáceres Silvestre por una entidad particular denominada Fundación Alfredo Nobel, Inc. La jueza argumentó que los juristas no podían hablar en audiencia de algo que no conocían, porque el tribunal no se lo había notificado a las partes.
La audiencia fue recesada para el próximo viernes 21. Ahora le toca a la Corte de apelación del Distrito Nacional si acoge o rechaza dicha recusación en un plazo no mayor de cinco días laborables.
Se recuerda que en el proceso, el Ministerio Público solicitó apertura a juicio en contra del mayor general Adán Cáceres Silvestre, del general Juan Carlos Torres Robiou y los demás acusados de integrar la red de corrupción administrativa desmantelada con las operaciones Coral y Coral 5G.
Entre los acusados de la Operación Coral además de Cáceres Silvestre también figuran Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora), el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán (hijo de la religiosa), el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.
En tanto que por la Operación Coral 5G, derivada de Coral, son procesados además del general Torres Robiou (FARD), Boanerges Reyes Batista (ARD) y Julio Camilo de los Santos Viola (FARD), así como el capitán de navío (ARD) Franklin Mata Flores y José Manuel Rosario Pirón.
El proceso también se sigue contra Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez, Jehohanan Lucía Rodríguez, Yehudy Blandesmil Guzmán y Esmeralda Ortega Polanco.
El órgano acusador presentó cargos en este proceso contra 48 personas, 30 personas físicas y 18 personas jurídicas, quienes son acusados de defraudar al Estado dominicano con más de 4,000 millones de pesos.
El entramado de corrupción operó en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
