A propósito de la reciente aprobación por el Senado de la República del proyecto de ley orgánica de régimen electoral, en modificación a la ley No. 15-19, la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) expresó preocupación con relación a las modificaciones planteadas al régimen electoral vigente, así como la ausencia de aspectos esenciales para el fortalecimiento democrático e institucional.
Entre los asapectos que Finjus incita a ponderrar sobre dicha ley, están los topes de gastos para la campaña electoral, el sistema de consecuencias y otros.
aspecto que resalta, sin perjuicio de los principios de publicidad y la continua socialización con las organizaciones partidarias, es la contenida en el artículo 27 que obliga a la realización de audiencias públicas de periodicidad mensual en año electoral, lo cual pudiese afectar el desempeño operativo del órgano rector en el curso del periodo de preparación electoral, de lo cual se supone debe estar abocada al proceso organizativo de desarrollo preelectoral.
Además de lo planteado, se identifican como aspectos de interés a ponderar, dentro de estos:
De los topes de gastos para la campaña electoral
El proyecto de ley aprobado por el Senado mantiene los topes de gastos de campaña establecidos en la ley vigente, esto es la ley 15-19, que maneja topes sumamente cuestionables por las altas cuantías que pudiesen manejarse, especialmente en los niveles presidenciales y congresuales, en determinado proceso electoral; esto aunado a la regulación laxa que se observa con relación a la presentación de los informes de gastos de las candidaturas y la inexistencia de sanciones a la violación de esos topes, reduce la capacidad de fiscalización de los recursos públicos utilizados en campaña, en detrimento de los principios de transparencia y de equidad en la contienda.
Particularmente, en lo correspondiente a las sanciones, desde FINJUS se reitera la necesidad de apoyar un régimen de consecuencias lo suficientemente fuerte que surta el efecto de desincentivar de manera eficaz la utilización de recursos por encima de los topes de gasto que se establezcan, así como el establecimiento de mecanismos efectivos que permitan la rendición de cuentas y fiscalización de los egresos asociados a la campaña electoral, en tanto que una mayor regulación contribuye a prevenir que ocurran prácticas corruptas, lo cual es esencial a la hora de garantizar la democracia
