Santo Domingo, RD
Aun cuando República Dominicana declinó firmar la “Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección”, suscrita por 20 países en junio de 2022 en esa capital de California, el proyecto de perfil migratorio sometido por el Poder Ejecutivo casi seis meses después ante el Senado guarda coincidencias neurálgicas con esas tentativas primarias.
Entre el 10 de junio, el 27 de octubre y el 12 de diciembre de 2022 parece haber ocurrido un cambio decisivo en la postura inicial del gobierno, con relación a su tajante objeción a la “Declaración de Los Ángeles” sobre la cuestión de acogida de inmigrantes ilegales víctimas de trata y tráfico humano.
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De las pautas contenidas en la declaración de Los Ángeles, que Abinader rehusó firmar, se establece que “la migración debería ser una elección voluntaria e informada, y no una necesidad”.
También hace el compromiso de “proteger la seguridad y la dignidad de todos los migrantes, refugiados, solicitantes de asilo y apátridas, independientemente de su calidad migratoria, y a respetar sus derechos humanos y libertades fundamentales”.
No obstante, en lo que parece un viraje radical a la decisión adoptada en la capital angelina, la pieza sometida al Senado el 12 de diciembre de 2022, pero conocida esta semana cuando Listín Diario lo hizo público, se coloca a tono, en parte, con el espíritu de la declaración.
Antes de dar este paso estuvo aquí, el jueves 27 de octubre de 2022, la subsecretaria de Seguridad Ciudadana, Democracia y Derechos Humanos de los Estados Unidos, Uzra Zeya, quien adelantó en el Palacio Nacional parte de lo que el país presencia hoy con inquietud.
En esa ocasión, Zaya alentó al gobierno a aprobar “una ley actualizada sobre la trata de personas, conforme a los estándares internacionales”, y que facilitará “el enjuiciamiento de quienes se aprovechen de los niños”.
La pieza, que llegó al Senado cundo el país estaba en sus arreglos de Navidad y Año Nuevo, instituye en su artículo 63 que la gestión de permanencia regular de las víctimas de trata y tráfico ilícito deben “realizar los trámites necesarios para obtener permisos migratorios y de residencia, cuando este último aplique”.
También, podrán gestionar un permiso de trabajo y “cualquier otro que les sea necesario”, ante las instituciones estatales correspondientes.
Asimismo, podrán optar por seguro de salud, hasta tanto permanezcan en la Unidad de Identificación, Atención y Protección de Víctimas, Sobrevivientes y Testigos de Trata de Personas, un ente que será fundado en caso de aprobarse el proyecto.
De sancionarse esto, Estados Unidos se quitaría una gran presión de la migración haitiana a través de los mares y sus fronteras terrestres, pero República Dominicana cargaría con las secuelas ante un desborde en el tráfico ilícito y la llegada en solitario de nativos de Haití.
Igualmente, provocaría situaciones de inestabilidad general, malestar político y gastos enormes del presupuesto nacional, además de los tributos, con carácter “obligatorio”, de los ingresos de vida de los ciudadanos.
Este proyecto de ley integral sobre trata de personas, explotación y tráfico ilícito de migrantes es una nueva pieza que actualizaría la aprobada hace casi 20 años, por lo que ha estado presionado el Departamento de Estado de Estados Unidos.
También podrán gestionar un permiso de trabajo, así como cualquier otro que les sea necesario ante las instituciones estatales correspondientes.
Además, las víctimas podrán optar por un seguro de salud, hasta tanto permanezcan dentro de la Unidad de Identificación, Atención y Protección de Víctimas, Sobrevivientes y Testigos de Trata de Personas, una entidad que será fundada en caso de aprobarse la ley.
Existe el temor en la población de que, en caso de aprobarse la legislación, se abrirían las puertas a la creación de campos de refugiados financiados con los dineros del mismo pueblo.
Y los servicios públicos de que son beneficiarios en este proyecto dispararían las calamidades de los dominicanos, al hacer constar que podrán recibir atención integral, asistencia y protección desde que sean identificados como víctimas.
También dispondrían de tiempo para su recuperación y reflexión, participar de programas de atención, garantías de albergue seguro y especializado y la confidencialidad de sus datos.
