El director de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (Utect), Mérido Torres de Jesús Espinal, pidió una licencia laboral tras ser mencionado en parte del expediente de solicitud de medida de coerción del caso Calamar en contra de 20 exfuncionarios de la pasada gestión del gobierno de Danilo Medina.
Torres dio la información en una rueda de prensa que convocó esta mañana. Dijo que pidió una cita con la Procuraduría General de la República y con doña Milagros Ortiz Bosch, directora de Ética, quien ayer dijo que el funcionario tenía un caso pendiente con ellos.
"Mi disposición de ser investigado sobre los casos mencionados. En el día de hoy denuncio ante el país que he sido víctima de una campaña sucia de difamación e injuria por lo que anuncio que procederé legalmente en los tribunales contra quienes han mancillado mi buen nombre y nuestro honor difamándome a mí y a mi familia", dijo el funcionario.
Dijo que está confiado de sus actuaciones en su vida pública y privada. Además dijo que demandará en daños y perjuicios ante los tribunales del país a las personas que, según él, lo han difamado. "Ya que puedo mencionar que todas mis actuaciones han sido correctas y estricto apego a la ley", dijo.
De acuerdo con el documento depositado por los fiscales, Torres recibió del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, un total de RD$32,065,992, por el pago de unos terrenos que supuestamente eran de su propiedad.
Cuando salió esta información, varios días después, Torres emitió un comunicado de prensa en dónde califico estas acusaciones como una injuria afirmando que se trataba de una campaña de descrédito en su contra y que por eso no iba a renunciar a su cargo ni solicitaría una licencia.
El director de Utec expresó, además, que cuando salió la información en los documentos del caso Calamar, el año pasado, de que había cobrado por los terrenos, se puso a disposición del Ministerio Público y entendió que ese órgano inició su investigación.
