La defensa del exministro Donald Guerrero, imputado en el caso Calamar, denunció el retraso injustificado de la Cámara de Cuentas para publicar la auditoría realizada a los últimos dos años de la gestión de su cliente en el Ministerio de Hacienda, a pesar de haberle notificado su informe final el día 19 de octubre de 2022.
La denuncia fue realizada por la defensa de Guerrero en un comunicado en el que los abogados del imputado explicaron que, "de acuerdo al artículo 3 de la Ley 107-13, el órgano de control fiscal de los recursos públicos debió publicar los resultados de la referida auditoría en un plazo no mayor de dos meses, contados a partir del día 28 de octubre 2022, fecha en la que el exministro comunicó a la Cámara de Cuentas sus observaciones al informe final notificado".
La defensa de Guerrero consideró que esta situación es una omisión "inexplicable" de parte del órgano auditor.
"Esa falta de publicación de los resultados de las auditorías es una omisión tan censurable que afecta considerablemente la institucionalidad del país y resulta también gravísima de cara al proceso judicial que se le sigue al señor Donald Guerrero porque con los resultados de estos informes se podrán desmentir las imputaciones infundadas que ha presentado el Ministerio Público para sostener su acción penal contra él", indicó el jurista Manuel Rodríguez en el comunicado.
La defensa del imputado asegura que el día 19 de octubre de 2022, a dos años de haber iniciado la investigación fiscal, el referido informe fue formalmente notificado a Guerrero, "y no obstante su solicitud para que los resultados de la auditoría sean publicados según el procedimiento establecido, la Cámara de Cuentas no ha correspondido sin justificación alguna".
Coerción
Los exministros Donald Guerrero y José Ramón Peralta, principales imputados de la Operación Calamar, cumplen 18 meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en San Cristóbal, la cual le fue impuesta por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional el pasado mes de abril por su vinculación a la red de corrupción administrativa.
Acusación
La defensa de Donald Guerrero aseguró que a la fecha han sido emitidas tres auditorías de la Cámara de Cuentas relativas al manejo correcto de los fondos públicos durante su gestión.
Según el Ministerio Público, el expediente de la Operación Calamar posee más de tres mil páginas y más de 1,200 elementos de pruebas, las cuales detallan cómo los miembros de esta red sustrajeron más de 17 mil millones de pesos al Estado, los cuales, sumados a unos 2,100 millones en deuda administrativas, totalizan más de 19 mil millones.
La imputación preliminar del Ministerio Público en contra de los procesados incluye conductas tipificadas en el artículo 146 de la Constitución de la República, así como los artículos 123, 166, 171, 172, 174, 175, 177, 265, 266, y 405 del Código Penal.
También, violaciones a las leyes 448-06 y 311-14, además de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, y la Ley 33-18, sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.
