Con la llegada de este viernes, al calendario de trabajo del Congreso Nacional le restan únicamente 16 días en los que los legisladores podrán cumplir con la aprobación de proyectos de las iniciativas.
Sin embargo, durante el inicio de esta primera legislatura del cuatrienio 2024-2028, los viejos y nuevos congresistas no han enmendado las deudas legislativas que tiene el Poder Legislativo con la sociedad dominicana, dejando decenas de leyes importantes en la lista de “pendientes por aprobar”.
Según informó en sesiones pasadas el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo pacheco, los congresistas se reintegrarán a partir del 6 de enero, luego de culminado el asueto navideño y las actividades ocasionadas por la celebración del Día de los Reyes Magos. Por lo que tendrán tan solo seis días más para favorecer o sancionar las piezas que estén próximos a perimir u otros que representan un alto interés para la sociedad.
No obstante, el periodo pudiese ser extendido por el presidente Luis Abinader, en caso de que así lo decida, ya que esta es una atribución permitida del Poder Ejecutivo establecida en la Constitución.
Algunas las leyes que todavía no han sido aprobadas, a pesar de que son instruidas por la Constitución, que fue reformada en 2010; son la Ley 87-01 de Seguridad Social, la actualización de la Ley 2274 del año 1884 que contiene el Código Penal, modernización del Código de Trabajo establecido en la Ley 16-92.
Esta última esta será alcanzada en 2025, según informó la comisión especial del Senado que estudia la pieza depositada por el Ministerio de Trabajo, la cual no afecta la cesantía laboral.
Sin embargo, la intención del sector empresarial de “atentar en contra de este derecho adquirido de los asalariados”, según expresaron los sindicalistas, no permite la modernización de este marco legal regulatorio. Por otro lado, están algunas leyes que representan un alto grado de importancia para el pleno ejercicio de los derechos ciudadanos.
Tal es el caso del referéndum, que es un procedimiento jurídico y político por el que se somete al voto popular, leyes o actos administrativos para su ratificación.
Asimismo, otros que conforman la sección de mecanismos de participación ciudadana como lo es el plebiscito y referéndum aprobatorio. A pesar del diálogo y trabajo que intentan, en algunas ocasiones, realizar los legisladores para enviar al Poder Ejecutivo estas leyes, todavía no han podido alcanzar el consenso necesario, lo que les obliga a postergar estos temas importantes.
También, está la reforma fiscal, la cual es ordenada por la Ley 1-12 sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo para el año 2030, aprobada en 2012, que pretende establecer de manera sostenida un sistema tributario progresivo dedicado a eficientizar el modelo de recaudación implementado en el país.
El pasado 8 de octubre, el Poder Ejecutivo envió a la cámara baja su propuesta. Pero, fue forzado a retirarla, luego de que una gran parte de la sociedad manifestó su rechazo e inconformidad en respuesta a los gravámenes dirigidos a algunos sectores, servicios y productos nacionales.
La comisión de Hacienda realizó un proceso de vistas públicas para alcanzar un consenso, el cual no impidió la eliminación del documento legislativo. El presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos, está consciente y lo ha calificado en ocasiones anteriores como el “pasivo legislativo” que tiene este poder del Estado dominicano.
Con este 2024 han transcurrido tres años desde que el Tribunal Constitucional (TC) emplazara al Congreso Nacional a dictar las leyes reservadas en los artículos 203, 210 y 272 de la Carta Magna.
Estos artículos versan sobre el referendo, referendo aprobatorio, plebiscito e iniciativa normativa municipal, que son procesos que buscan asegurar que los ciudadanos sean escuchados ante debates importantes, como lo son temas de Estado y Gobierno.
El TC emitió la sentencia TC/0113/21 en la que consideró que, desde la reforma constitucional de 2010, ha pasado el tiempo suficiente, razonable y prudente para su aprobación.
